Mientras las organizaciones piqueteras definen un plan de acción, desde el Gobierno intentan desactivar el "plan de movilizaciones con ollas populares" frente a grandes cadenas de supermercados para pedir la entrega de alimentos en reclamo de la plena implementación de la Ley de Emergencia Social.
En Casa Rosada señalan que están "dispuestos a discutir los números" y explican que los cortocircuitos tienen su razón de ser en los últimos aumentos, que se ajustan sobre el incremento del salario mínimo, vital y móvil, y que dejaría afuera a una cantidad de beneficiarios, porque la plata a repartir "es una sola", 20.000 millones de pesos en dos años, y desde el sector piquetero pretenden una compensación para no perder beneficiarios. (Télam)
