Crédito: El Diario
Se busca determinar cuánto tiempo transcurrió entre la firma del Decreto Nº 2136/02 , suscripto en mayo de 2003 y en el que se habría inserto la fecha falsa del 31 de mayo de 2002, y la notificación del alta de designación en planta permanente de las dieciséis personas beneficiadas con aquella disposición, que les permitió cobrar salarios con un año de retroactividad. Asimismo se intenta establecer quién o qué área renovó los contratos de locación de servicio y planes sociales que percibían aquellas personas, que habrían cobrado indebidamente dos sumas, una en concepto de salario y otra por el contrato o el plan asistencial; y si la designación contó con la previa generación de los cargos vacantes y la correspondiente partida presupuestaria.
A los ex funcionarios se les imputó suscribir en mayo de 2003 y en Acuerdo general de Ministros, el Decreto Nº 2136/02, en el que se insertó una fecha falsa, del 31 de mayo de 2002, con "la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos Agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un 'sueldo', con retroactividad, que no correspondía".
Adolfo Bleger, que se desempeñó como Director Administrativo de la Secretaría de la Producción y luego como Contador General de la Provincia; Ana María Leite de Cuestas, que trabajó en Estadísticas Laboral de la Dirección de Trabajo; y María Soledad Correa, que fue Directora de Administración del Ministerio de Acción Social, en la época que habría ocurrido el hecho que se investiga hoy, aportaron pocas precisiones y los tres recurrieron al paso del tiempo para explicar la falta de memoria sobre situaciones que les fueron consultadas.
Sin embargo, los tres dejaron definiciones que serán valoradas a la hora de los alegatos. Algo similar ocurrió en la primera jornada, cuando el ex Fiscal de Estado de la Alianza, Sergio Gustavo Avero, sostuvo que el Decreto "no tiene número de expediente" añadiendo que la gestión "tuvo un tratamiento directo".
También expresó que es una "irregularidad" que agentes públicos continúen cobrando sus contratos, una vez que fueron designados en planta permanente.
Leite de Cuestas precisó que aún hoy cuatro de aquellas dieciséis personas prestan servicio en la Secretaría de Trabajo; mientras que Correa sostuvo que no recordaba que haya recibido un requerimiento del contador Valiero señalando inconsistencias.
Respecto de la notificación de designación realizada un año después de suscrito el Decreto, Correa opinó que "por los organismos que intervienen en el proceso de altas y bajas era muy probable que el expediente llegara desfasado" aunque añadió que "no era posible que en el mismo mes de produjera el alta en planta y la baja de un contrato".
La testigo también explicó que era posible que se generara la renovación de un contrato una vez que se producía el pase a planta si el organismo responsable de renovarlo no era notificado de la baja del contrato y el paralelo pase a planta.
Además, añadió ante una pregunta de la defensa de Carbó, que si un empleado público cobraba dos veces, como se sostiene en la acusación, había mecanismos contables para compensar esa situación.
Pagos
El testigo Bleger dejó como definición a evaluar que "el Contador General de la Provincia se podía oponer al pago en base a precisiones que determinaran que no correspondía".
Momentos antes refirió desconocer un informe que fue solicitado por el entonces "Contador General de la Provincia contador Valiero" quien señaló "inconsistencias" en el Decreto. Fuente: El Diario
