Hay temas que por su gravedad, requieren que nuestra reflexión supere la vertiginosidad de lo cotidiano para poner la mirada en las cosas realmente trascendentes para la Patria.
El gobierno de Cambiemos ha demostrado, y sin ningún escrúpulo, los fundamentos de su política económica, que no van más allá de la especulación financiera, premiando la usura y otorgando ganancias formidables para los grandes capitales internacionales, en detrimento del pueblo trabajador argentino, de su soberanía y de su futuro.
En una operación financiera prácticamente secreta, el ministro Luis Caputo tomó 2.750 millones de dólares, que el gobierno argentino deberá devolver en un plazo de 100 años, y por los cuales pagará 7,125% de interés anual (196 millones de dólares al año). Esto significa para nuestro país que en solo 15 años habrá concluido de pagar lo recibido, para continuar los siguientes 85 abonando intereses. Así, en 2117 se habrán pagado 19.600 millones de dólares, es decir, 16.850 millones de dólares más de lo que le prestaron al Gobierno macrista.
Esta oscura operación que pone en peligro la soberanía de nuestro país y las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones de argentinos, se negoció directamente con los bancos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación, contradiciendo lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, el bono se concretó, de manera oculta y confidencial, directamente con determinados bancos internaciones (cercanos al poder), y no de manera transparente dentro del circuito del mercado financiero. Esto minimizó la capacidad de negociación del Estado argentino, perjudicando las pautas y condiciones del mismo.
El resultado de esta política, apoyada públicamente por los referentes de Cambiemos, fue la toma de una enorme deuda con una tasa elevadísima. Si bien otros países han tomado deuda a 100 años, todos ellos con tasas que oscilan entre el 2 y el 5%. Macri y Caputo acuerdan valores muy lejos de esos parámetros. Esta política destructiva para la soberanía argentina, es un mecanismo reiterativo de este gobierno, en la cual quedó demostrada su incapacidad e ineficiencia. El pago de una deuda totalmente injusta y usurera a los denominados "fondos buitres" en el año 2016, con la aprobación de gran parte del Congreso Nacional, y frente a lo cual me opuse firmemente, dejó expuesta su inútil capacidad para atraer capitales, y lograr la tan ansiada apertura de los mercados internacionales con tasas accesibles y beneficiosas.
Lo más perjudicial de este nuevo capítulo de endeudamiento, es el futuro hipotecado para nuestras próximas generaciones, con escasa capacidad de maniobra para la negociación y refinanciación. Por ejemplo en caso de que quisiéramos rescatar esos bonos onerosos, nos encontraríamos frente a una posición totalmente desventajosa ya que, en función de lo acordado, sería carísimo recuperarlo. Si Macri y Caputo se arrepintieran de esta operación ruinosa y decidieran retirar los 2750 millones de bonos emitidos a 100 años, debería pagar 8600 millones de dólares.
Por otra parte, y como ha pasado en otras oportunidades, ante un eventual litigio por no pagar, Argentina se someterá a la jurisdicción de Nueva York, renunciando a la soberanía jurídica y de esta manera garantizando seguridad para los inversores, como pasó con los fondos buitres.
En resumen, el gobierno de Macri ha colocado deuda por casi 100 mil millones de dólares en menos de la mitad de su gestión, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo más veloz que el anterior que comenzó con la dictadura militar de 1976, ratificando de esa manera que la deuda será eterna y que se pagará con el hambre del pueblo argentino.
Este mecanismo de endeudamiento indiscriminado, a tasas de intereses elevadísimas, con limitada capacidad de negociación, que restringen la soberanía y condicionan la independencia económica, sin acuerdo y aprobación del Congreso como exige la Constitución Nacional, deberá tener un límite si no queremos volver a hipotecar el futuro de nuestros nietos.
Como representante de los entrerrianos, pero a su vez como argentino, me comprometo una vez más, desde mi lugar de diputado de la Nación, a velar por los derechos y el futuro de mi provincia y de mi país.
