El diputado del PRO Daniel Lipovetsky, quien preside la comisión y es coautor del proyecto oficialista, informó a NA que en la reunión los diputados escucharán exposiciones de organizaciones de inquilinos y de las cámaras empresariales para recabar más elementos que permitan consensuar un dictamen de mayoría, unificando las distintas iniciativas.
El proyecto original de la senadora del PJ-Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, que había sido votado por unanimidad, fijaba los contratos de alquiler en tres años, en línea con lo pretendido por las asociaciones de inquilinos, a diferencia de la iniciativa oficialista que conserva la duración de dos años.
Por otra parte, el proyecto del Senado contemplaba un mecanismo de actualización anual a través de un índice que elaboraría el INDEC sobre la base del promedio entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS).
De acuerdo con el texto, esa indexación sólo se pondrá en marcha en caso de que la inflación sea superior al 10%.
Además, la iniciativa con media sanción prevé que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario, y que las inmobiliarias sólo puedan cobrar hasta un mes de comisión.
Esta última disposición, sumada a la incertidumbre respecto del mecanismo para la indexación del valor del alquiler, generaron una fuerte controversia, razón por la cual el Ministerio del Interior trabajó en una propuesta alternativa que presentó Lipovetsky en conjunto con Waldo Wolff (PRO) y Karina Banfi (UCR).
Además de dejar en dos años la duración del contrato, el proyecto oficialista establece que sólo se utilice el CVS para actualizar los alquileres, y exclusivamente para aquellos que no excedan las las 840 unidades UVA que se usan para los créditos hipotecarios (actualmente equivale a 15.657 pesos).
El valor del alquiler para aquellos contratos que estén por encima de ese tope podrán seguir siendo acordados libremente por las partes, en tanto que en el caso de los inferiores a las 840 unidades UVA, los inquilinos estarán eximidos del pago de expensas extraordinarias.
En ambos proyectos, se establece que la devolución del depósito se realiza al momento de la finalización del contrato que se efectúa con la entrega de la llave, a un valor indexado proporcional al último mes de alquiler.
En cuanto al cobro de comisiones por parte de las inmobiliarias, el proyecto oficialista no se expide, lo cual deja vía libre para que puedan seguir fijando libremente los honorarios como hasta ahora, así como otras condiciones como el mes de adelanto, depósito y gastos administrativos.
Este es uno de los aspectos más denunciados por parte de las organizaciones de locatarios, que advierten acerca de "abusos" por parte de las inmobiliarias.
A su vez, las organizaciones de locatarios, que defienden la redacción del proyecto que llegó con media sanción del Senado, objetan el método de actualización de los alquileres en base al CVS y al criterio de establecer una línea de corte entre aquellos que están por debajo de las 840 unidades UVA y los que pueden acordarse entre las partes sin intervención.
Consideran que este criterio podría acarrear una disparada de precios, ya que los propietarios, a fin de esquivar las regulaciones, podrían subir el valor del alquiler.
Consultado al respecto por NA, Lipovetsky reconoció que la "disparada de precios" no es un "efecto disvalioso", por lo que aseguró que durante la discusión para llegar a un dictamen de mayoría, la línea de corte podría "correrse" o incluso reverse en su totalidad.
El legislador oficialista aseguró que no existe ninguna objeción para realizar modificaciones en los aspectos más controvertidos, y que en cualquier caso su proyecto es "complementario" a otros dictámenes.
Advirtió, sin embargo, que la versión final no repetirá la redacción original del Senado, como reclaman las asociaciones de inquilinos.
"El proyecto del Senado se quedaba corto. No podés sacar un proyecto de alquileres sin incluir una cuestión referida al alquiler social", afirmó.
Al respecto, precisó que en el articulado del proyecto oficialista se incorpora la obligación del Estado de proveer la "garantía" para los sectores más vulnerables que no tienen los medios para conseguirla a fin de constituirse legalmente en locatarios.
La iniciativa que cuenta con el aval de la Casa Rosada incluye, además, un régimen de fomento a la construcción de viviendas para alquiler, con beneficios impositivos a desarrolladores inmobiliarios.
