Hacemos saber que, frente a los hechos de público conocimiento relacionados con la eliminación y reducción de pensiones para personas con discapacidad, hace ya más de un mes que venimos trabajando y coordinando acciones con los titulares de los distintos organismos y áreas relacionadas a la de las diferentes provincias para expresarle a las autoridades del gobierno Nacional nuestra preocupación por este tema.
El hecho de que se cancelen las pensiones por discapacidad, sin previo aviso y sin que se haya realizado un examen socio ambiental, resulta un hecho de gravedad que amerita rápidas explicaciones por parte de las autoridades que han tomado esta determinación.
Desde hace tiempo, y por distintas vías, venimos gestionando una respuesta que nos deje en claro a los diferentes organismos provinciales qué criterio piensa implementar el gobierno nacional para la adjudicación, reducción o eliminación de las pensiones para personas con discapacidad.
Ha transcendido por diferentes medios de comunicación y por declaraciones de legisladores nacionales que se ha invocado el decreto 432 del año 1997 para establecer el criterio con el cual se asignan las pensiones, decreto que es contrario a la "Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad", que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.
Frente a la falta de respuestas formales, y frente a la acuciante necesidad de dar una pronta y "certera" respuesta, no solo a las personas que perciben pensiones por discapacidad sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, es que el día viernes 16 de junio nos haremos presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a defensores del pueblo de todo el país, para mantener una reunión con las autoridades del gobierno nacional a fin de que puedan esclarecer lo que está ocurriendo y que nos puedan dar certezas sobre qué criterio piensan implementar".
