
Barbitta manifestó a Elonce: “La valentía de la doctora Mizawak y Carubia, que lograron advertir las falencias que tuvo este juicio por jurados, fue fundamental. Estas falencias estuvieron relacionadas con pruebas que nunca se le habían mostrado a la defensa, como la foto del cuello de Julieta que apareció sorpresivamente durante el juicio y que el propio fiscal reconoce que era la primera vez que lo veía. Esta situación afecta directamente al derecho de defensa, ya que la defensa nunca pudo controlar esa evidencia”.

Además, Barbitta señaló las deficiencias en el rol de los abogados defensores previos: “Hubo un déficit muy grande respecto de los abogados defensores anteriores que, lamentablemente, no escucharon a Julián en todo el caso. No permitieron que interviniera y desistieron de pruebas que eran importantes para él. Inclusive, Mizawak y Carubia mencionan estos grandes déficits al momento de ejercer la defensa técnica”.
En cuanto a la postura de su cliente, Barbitta afirmó: “Julián está contento y descansando en lo que él siempre dijo, en su inocencia. Él sostiene que este caso, lamentablemente, fue un accidente y que nunca arrojó a Julieta. Hasta el momento, esto no está probado”.
Sin embargo, la defensa también plantea preocupaciones sobre el reenvío a un nuevo juicio: “La sentencia ordena un reenvío para un nuevo juicio, y estamos evaluando presentar un recurso nuevo, ya que consideramos que esto pone en riesgo el principio del ‘non bis in idem’, que garantiza que una persona no sea juzgada dos veces por lo mismo”.

Barbitta también se refirió a la actuación del Ministerio Público Fiscal: “A raíz de las declaraciones del fiscal que calificó a Julián como femicida tres minutos después del hecho, se afectó su derecho de defensa. En la ley de jurados existe la posibilidad de solicitar el cambio de jurisdicción si los defensores anteriores advertían esta situación, pero eso no ocurrió”.
En cuanto a los próximos pasos, la abogada declaró enfáticamente: “Voy a solicitar que se absuelva a Julián y se le conceda un arresto domiciliario. Si el Tribunal Superior no resuelve la excarcelación, presentaremos un hábeas corpus para garantizar sus derechos”. .