La causa está trabada en Tribunales desde octubre del 2019, aunque la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia advirtió que el caso debía ser tratado con perspectiva de género y no quedar en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad Sexual, ya que no solo se denunciaron hechos de abuso, también de violencia psicológica, física y económica, de acuerdo con el relato que dio la mujer a la psicóloga de la entidad.
Incluso, en el escrito con fecha de octubre de 2020 y que lleva la firma de Stella Spezia, quien era la directora de esta área, se destaca que debía tratarse en un “plazo razonable” y que “correspondería examinar psíquicamente al señor T.”, el denunciado, “a través de indicadores específicos en materia de violencias contra mujeres y por razones de género”.
Un dato que llamó la atención, es que el funcionario del Ministerio Público de la Defensa ya había sido denunciado por una pareja en 2017 por violencia de género y se había emitido una restricción de acercamiento. De hecho, la madre de la chica contó que su hija le había relatado que la había violado, publica el diario El Sol de Mendoza.
Lo cierto, es que en el último tiempo pidió ser levantada la medida tras la presentación de un informe psicológico de una homónima, es decir, de otra mujer con el mismo nombre y apellido de la víctima, que había hecho una presentación similar, y que nadie notó esa irregularidad en el papeleo.
Una patada, un embarazo perdido y los videos
En enero del 2017, F. y T. iniciaron su relación amorosa y seis meses después ella se fue a vivir con él.
No dudó cuando su novio le relató que había mantenido un vínculo tortuoso con una ex, quien lo había terminado denunciando.
Durante la convivencia, el hombre decidió colocar cámaras de seguridad en el interior de la casa y, según el testimonio de la denunciante, la descalificaba como profesional, le controlaba los gastos y la llamaba “estúpida”.
Los conflictos de la pareja se centraron en un primer momento en lo laboral, ya que compartían el mismo ámbito.
El dinero, entonces, que ella le dio a modo de préstamo, fue utilizado por él para colocar un portón automático en la vivienda y construir unos armarios en la cochera.
El punto de quiebre fue en octubre del 2018 cuando quedó embarazada. “Ahí los problemas se acrecentaron, me peleaba todo el tiempo, me gritaba, se transformaba en otra persona. Incluso en las consultas médicas y a pesar de mi estado me trababa mal”, dijo la mujer en la presentación judicial y detalló que la recepcionista del consultorio le pidió al hombre que se calmara.
Sin embargo, lejos de atenuarse, la violencia se acrecentó y un día llegó a pegarle una patada en la cola frente a toda su familia. En aquella oportunidad, la madre de la chica lo frenó y le marcó que no podía golpearla porque estaba embarazada.
“No fue una patada con fuerza, pero fue parte del inicio de las agresiones físicas”, relató la chica.
En noviembre todo se volvió más turbulento cuando perdió el embarazo. Esa misma noche el sujeto se fue a un asado y la dejó por teléfono.
De hecho, F. sostuvo que después del legrado le repetía que ella nunca había estado encinta.
Si bien habían decidido separarse, F. seguía viviendo en la casa del funcionario por falta de recursos económicos para mudarse. Así T. empezó a acosarla, a agredirla e insultarla cuando comenzó a rechazarlo y durante el mes de enero la abusó sexualmente en dos ocasiones: cuando se metió en la habitación en la que solo dormía ella, y en la cocina.
Este último hecho, la mujer logró filmarlo con su celular desde la pantalla del circuito cerrado de video para tener una prueba del calvario que estaba atravesando.
Finalmente, pudo abandonar la casa y denunciarlo. Aseguró que demoró en hacerlo por temor, ya que él la grababa todo y estaba la posibilidad de que tuviera videos íntimos y los difundiera para exponerla.
Bajo este escenario, en casi tres años la causa no avanzó, de hecho consideraron que el riesgo de violencia de género era bajo y hasta en el medio él pidió una compulsa alegando que ella había violado la prohibición de acercamiento en el lugar de trabajo.
Antes de que el caso quede en la nada, la única alternativa de F. es que se le realice una nueva pericia con perspectiva de género. Por lo pronto y tras analizar el expediente, todo indica que la Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad Sexual pasará la causa a Género.
