La orden de allanamiento había sido solicitada por la Unidad Fiscal integrada por la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, y que fue autorizada por el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, tras una denuncia web por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente de esa ciudad del norte provincial que linda con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Los denunciantes, cuyos nombres no se difundieron, señalan que una organización liderada por el intendente se quedaría con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento de Salvador Mazza.
Al finalizar la jornada la fiscal confirmó que encontraron dinero en efectivo, que rondaría los 200 millones de pesos, de los cuales 854.178 son dólares estadounidenses; 9070 son euros y 34.342.350 de pesos argentinos. Sospechan que parte de ese monto serían fondos del erario público municipal.
En diálogo con la prensa, la fiscala declaró que la figura principal es la asociación ilícita, pero también entran las figuras de peculado, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, “nueve delitos”, en total.
Esta es la segunda imputación contra el intendente de Salvador Mazza. El 24 de febrero pasado el fiscal Armando Cazón lo había imputado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público en grado de autor, luego de una denuncia del presidente del Concejo Deliberante por no respetar la Carta Orgánica. Tempo más tarde esta acusación le valió el inicio de un juicio político.
Entre otras, Méndez vetó la ordenanza que creaba un Juzgado Administrativo de Faltas; la que creaba el Tribunal de Cuentas municipal y la Procuración local. Así como nunca envió en tiempo y forma los presupuestos de gastos para el año de ejercicio, y desoyó todos los pedidos de informes relacionados con las ejecuciones presupuestarias y las cuentas generales de los ejercicios desde 2018.
“El pedido 68/2020 requirió informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue, los gastos por los corsos de 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019”, agregaba la denuncia realizada por el presidente del cuerpo deliberativo y que tomó Armando Cazón.
Más adelante, en la denuncia que dio inicio al juicio político, los ediles sumaron el veto del intendente a una solicitud para que el Ejecutivo municipal ayude con $15.000 mensuales a las familias de dos pacientes con leucemia. Uno de ellos falleció a los meses debido a la falta de tratamiento.
El mandatario comunal ya atravesó un juicio político en 2017, sin embargo, la destitución fue apelada por el intendente y llegó a la Corte de Justicia de Salta, que tres años después decidió que el proceso no se había realizado como correspondía.
La localidad fronteriza no es la primera vez que vive hechos de esta magnitud con sus intendentes. En 2013, Carlos Villalba fue separado de su cargo al ser arrestado en un operativo de trata de personas que se realizó en la ciudad de Salta. Sin embargo, a partir de diciembre retornará al ruedo como concejal tras haber sido electo por los vecinos de Salvador Mazza en las últimas elecciones provinciales.
