Las víctimas, oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres.
El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse, ni tampoco con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios.
Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”, donde había troncos y maderas para hacer fuego, indicaron.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y en la causa interviene la Fiscalía de Primera Instancia de esa ciudad, a cargo de Josefina Minatta.
Por otro lado, en inmediaciones de las carpas se encontraron nueve machetes, tres motosierras, seis hachas y dos palas.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional Concordia.
El hombre detalló que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, durmiendo bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.
Además, señaló que el pago acordado con el capataz era de $200 la hora o $65 por poste por trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas.
Y explicó que, sin embargo, nunca percibieron suma alguna y que les informaron que, cuando cobraran, les descontarían la mercadería consumida en el lugar.
Por otra parte, el denunciante agregó que el capataz contaba con armas de fuego que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si planteaban la posibilidad de tener algún descanso.
En tanto, en otro allanamiento realizado en el aserradero “Capitán Rojas” se constató la situación de otros 17 trabajadores.
En los operativos participaron profesionales del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.
