La detención y los inicios de la causa
En la mañana de ese sábado se produjo una espectacular persecución policial, por parte de personal de la Dirección de Toxicología. Recorrieron varias cuadras, hasta terminar en la zona oeste. Se escucharon detonaciones de armas de fuego, y en la refriega, se logró demorar a los sospechosos, a los que se les encontró dos kilogramos de cocaína.
Desde la fiscalía en turno de los tribunales de Paraná, se dirigió el procedimiento, que concluyó con la detención de dos hombres y una mujer. La causa pasó, por las características del hecho, a la justicia Federal, y las tres personas que viven en Buenos Aires, se les dictó la prisión preventiva. A los dos hombres se dispuso el traslado a la cárcel de Paraná, y la mujer, quedó con domiciliaria.
El letrado estaba acompañado de personas que -se indicó- tenían relación con la barra brava de un equipo del conurbano bonaerense.
Según informa Diario Uno, el expediente fue enviado al fiscal federal de Paraná, y con posterioridad, el juez federal Leandro Ríos, tras analizar las actas y las fojas, resolvió en las últimas horas, dictar la falta de mérito de los tres detenidos, por entender faltaba documentación esencial para garantizar el debido proceso del operativo. Los tres siguen ligados a la causa, pero en libertad.
El abogado defensor de dos de los detenidos, Claudio Berón, objetó el procedimiento, y tras valorar la prueba existentes, el magistrado federal, avaló el pedido cesando la prisión preventiva en la cárcel de Paraná, y entendiendo que no podía avanzar con el procesamiento en la causa.
Los tres detenidos inicialmente fueron: Leonel Hurtado, Oscar Ayaviri y Mónica Serrudo. Los dos primeros oriundos de Buenos Aires, y la tercera nacida en Bolivia, pero afincada en Capital Federal.
Las “fallas” en el expediente
A entender de Ríos, el personal de la Dirección de Toxicología obró correctamente al contar con información aportada por un llamado anónimo. Esto habilitó una vigilancia para tratar de ubicar a los sospechosos.
Según se indica, la Fiscalía además intentó incorporar como válidas declaraciones de testigos en sede policial, cuando en verdad necesitaba tales actos en sede judicial y con la presencia de los abogados defensores.
