Según se informó, en el juicio también quedó acreditado que la banda contaba con la protección de integrantes de Gendarmería Nacional, condenados por encubrimiento mientras que se indicó que ingresaron al país casi 40 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana.
Durante el juicio intervino el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien en su alegato postuló condenas similares a las impuestas, en tanto que la investigación en la etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez.
En tanto, la pena de nueve años de prisión fue para Emanuel González, como partícipe secundario de esos hechos mientras que la de seis años de prisión fue para Estela Castillo, Osvaldo Salva y Cristian Mansilla como responsables de la tenencia con fines de comercio, y la de cuatro años de prisión para Jorge Correa, como encargado del transporte de estupefacientes.
A su vez, los jueces condenaron a los gendarmes Damián Sosa, con cuatro años de prisión por ser autor de encubrimiento, agravado por haber actuado con ánimo de lucro y por su calidad de funcionario público, y a Santiago Alejo e Ismael Britos, con tres años de prisión a cada uno, por partícipes necesarios de ese delito y además, recibieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.
En tanto, se indicó que la banda logró traficar desde fines de 2015 hasta principios de 2018, casi 40 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana, que en parte, lograron ser secuestradas en numerosos procedimientos y allanamientos realizados en diferentes puntos de Santa Fe y el resto del país.
La investigación del Ministerio Público Fiscal acreditó que la droga era principalmente ingresada desde Paraguay y las provincias limítrofes a Santa Fe, a donde viajaban asiduamente los acusados.
Una vez conocida la sentencia, Suárez Faisal calificó al caso como "muy relevante porque se desbarató una organización de gran envergadura, comandada por un Policía de la Provincia de Santa Fe -en funciones-, que era protegida por varios integrantes de Gendarmería Nacional que también fueron condenados por el encubrimiento, y que tenía vínculos en el exterior, fundamentalmente en Paraguay, en ciudades argentinas cercanas a las fronteras y en todo el territorio santafesino, donde se distribuían los estupefacientes".
El juicio comenzó en octubre del año pasado y se realizó de forma semipresencial debido al contexto de pandemia de coronavirus, con abogados presentes en la sala y otros de forma virtual, a través de la plataforma del Poder Judicial de la Nación, mientras que los imputados siguieron las audiencias desde los diferentes lugares de detención.
Durante el transcurso del debate, que se realizó dos veces por semana de forma ininterrumpida hasta el 29 de diciembre, declararon aproximadamente 150 testigos.
