Ambos aceptaron la calificación legal y el monto de la pena que acordaron Fiscalía y defensas: cumplirán, si el acuerdo es homologado, la pena de 10 años.
E el Tribunal integrado por los jueces, Gustavo Pimentel, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, dará a conocer su veredicto el martes venidero.
El hombre fue imputado del delito de Facilitación a la prostitución de menores de edad calificado por el vínculo y por la condición de guardador de la víctima; en tanto que la mujer lo fue por el de Promoción y facilitación a la prostitución de menores calificado por el modo (violencia y amenazas) y por ser conviviente y guardadora de la víctima, que tenía 14 años cuando comenzó a ser obligada a mantener relaciones con desconocidos.
Al hombre, cuya defensa pública la ejercen las letradas oficiales, María Álvarez y Romina Cian, se le imputó "que en fecha no precisada, pero aproximadamente durante el año 2009 y hasta fines del mes de abril de 2012, cuando la menor, que vivía en su casa, en la que convivía junto a su pareja, encontrándose en especial posición de garante por ser guardador -guarda otorgada en fecha 23 de octubre de 2009- y hermano de la menor, haber permitido -sin oponer ningún tipo de reparo o resistencia- que su pareja promoviera y facilitara el ejercicio de la prostitución por parte de aquella, llevándola a diferentes lugares de los que era retirada por los "clientes", quienes la llevaban a distintos moteles de la ciudad. Que dicha situación se mantuvo mientras duró la convivencia".
La mujer, que es representada por José Barbagelata, fue acusada de que en el mismo período y en las mismas condiciones de quien era su pareja, "promovió y facilitó el ejercicio de la prostitución por parte de aquella, llevándola a diferentes lugares de los que era retirada por los "clientes", quienes la llevaban a distintos moteles de la ciudad. Que dicha situación se mantuvo mientras duró la convivencia y fue contra la oposición de la menor a quien la insultaba y la agredía física y psicológicamente".
Pedido de prisión domiciliaria
La defensa de la mujer solicitó que la pena a aplicar se ejecute bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Fiscalía no se opuso al pedido y lo dejó librado a las competencias del Juzgado de Ejecución y Medidas de Seguridad, que evaluará la situación a través sus equipos técnicos.
El motivo del pedido estriba en que la imputada padece un severo cuadro de salud que requiere "un seguimiento médico asistencial constante y el suministro de medicación de modo crónico". También "se encuentra en tratamiento psiquiátrico con diagnóstico de pánico y medicación al efecto". La defensa acompañó la correspondiente historia clínica actualizada.
