Se trata del empleado público denunciado por captar a potenciales víctimas, previa solicitud de currículum y concreción de falsa promesa de empleo en distintos niveles del Estado, para posteriormente citarlas y abusar de ellas.
"El artículo 62º de la Ley Nº 9.755, dispone las prohibiciones que tienen los agentes, sin perjuicio de las que en función de las particularidades de la actividad desempeñada se establezcan en las convenciones colectivas de trabajo, destacando, entre otras, las de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política; aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones; y valerse de informaciones relacionadas con el servicio de las que tenga conocimiento directo o indirecto, para fines ajenos al mismo", señala el decreto.
Agrega además que "la conducta reprochable al agente Cardoso se relacionaría con el aprovechamiento de su vinculación actual al Estado Provincial, valiéndose de la información recabada por conocimiento directo o indirecto en su función, para la obtención de ventajas que repercuten en su beneficio personal y son ajenas a las finalidades propias de las tareas desempeñadas, resultando evidente la exposición directa a que se ve sometido el empleador al involucrarse su personería en la modalidad adoptada por el agente para atraer a sus víctimas, comprometiendo seriamente el decoro en el ejercicio de las funciones, el cumplimiento de los cometidos públicos y en especial el principio de transparencia, agravado todo ello por la índole de los hechos denunciados".
En tanto, por Resolución Nº 008/20 MGJ, de fecha 29 de enero se dispuso la suspensión preventiva en el goce de haberes del agente. (APF)
