El nuevo Código Procesal Penal Federal no está en vigencia plena en todo el país, sino que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del mismo, de la Cámara de Diputados de la Nación, resolvió que se implemente en forma progresiva. Uno de los puntos que ya rige de esta nueva norma es la que establece que la prisión preventiva en la cárcel sea la última opción, previo imponer otras medidas cautelares como la libertad con restricciones o el arresto domiciliario, por ejemplo.
Esta resolución del año pasado fue el argumento principal esbozado por el abogado defensor de Molina, Justo Pio Sierra, al momento de solicitar el beneficio de la excarcelación y subsidiariamente la prisión domiciliaria a favor del correntino. Resulta que Molina está condenado, pero como se presentó un recurso de Casación la sentencia aún no está firme. Por esto, es que el hombre está en la Unidad Penal N° 1 de Paraná con preventiva y no cumpliendo la condena.
El defensor pidió que le otorguen el beneficio de la domiciliaria en la vivienda de su familia en la ciudad de Curuzú Cuatiá, y aportó el nombre de una familiar que actuaría como garante de que el hombre no se escape.
El fiscal general José Ignacio Candioti consideró que no corresponde hacer lugar a ninguno de los pedidos formulados por Molina, por varias razones. Entre ellas, que el hombre no fue localizado en su vivienda el día del allanamiento, el día que se desbarató la organización narco liderada por los paranaenses Horacio Viggiano y Hugo Ceola, cuando también se interceptó el camión con más de 250 kilos de marihuana en Feliciano. De hecho, Molina estuvo prófugo varias semanas, hasta que lo detuvieron.
Al momento de resolver, las vocales del Tribunal, Noemí Berros y Lilia Carnero, plantearon que la resolución de la prisión preventiva está fundada en las pruebas que se observaron en el juicio oral y público, "lo que autoriza a sostener una mayor certeza de la intervención del imputado en un hecho". Se lo declaró "coautor responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la ejecución organizada de tres o más personas", por el cual le impusieron siete años y seis meses de cárcel.
Entendieron que con semejante condena, Molina tiene "disminuidas las chances de lograr una solución favorable a sus intereses" por lo cual "objetivamente incrementa el riesgo" de que intente evitar su cumplimiento y darse a la fuga.
Como no muchas causas, en este caso el personal de Toxicología de la Policía había logrado llegar hasta el hombre que vendía la droga al por mayor. La investigación se había iniciado contra unos vendedores de marihuana al menudeo en Nogoyá. Las averiguaciones llegaron a Ceola en Paraná, quien solía ser la mano derecha del ex líder de la barra brava de Patronato, Gustavo Barrientos, y se pudo determinar que aquel hombre estaba asociado a Cachete Viggiano. Al seguir los pasos de este, se pudo determinar que Molina era su proveedor de la droga en Corrientes, pero el encargado de buscarla a la localidad de Itatí (o el lugar que pactaran para la entrega) y trasladarla era el camionero Juan de la Cruz Moreno, quien manejaba una empresa de transporte de carga en Feliciano.
Se cree que Molina era un proveedor de otras organizaciones narco del país, ya que se encontraba cerca de la frontera con Paraguay y era el contacto de diversas bandas. Lograba importar la droga en grandes cantidades, y venderla a sus clientes al por mayor. Razón suficiente para que no le permitan volver a su casa sin antes cumplir la condena en prisión, publicó Uno.
