Policiales Venta de armas judicializadas

El 9 de diciembre será la audiencia por la apelación a la condena de Vitale

El máximo tribunal penal de la provincia escuchará el lunes 9 de diciembre los argumentos de los abogados del experito balístico del Poder Judicial, que buscan la absolución, y los de la Fiscalía, que pretende se confirme la condena.
La Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fijó fecha para la audiencia en la que escuchará el planteo del experito balístico del Poder Judicial, Antonio María Daniel Vitale, que busca que se revoque su condena por el robo de armas judicializadas, dictada el 13 de abril de 2018. Entonces, se le aplicó una pena de 12 años de cárcel.

El máximo tribunal penal de la provincia escuchará el lunes 9 de diciembre los argumentos de los abogados de Vitale, que buscan la absolución, y los de la Fiscalía, que pretende se confirme la condena.

El Tribunal tendrá una integración diferente al original, puesto que en octubre se excusó de intervenir el vocal Miguel Ángel Giorgio. Los motivos fueron claros: había intervenido en el trámite administrativo por el cual se dispuso la cesantía del funcionario judicial que hoy cumple condnea en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. La medida se adoptó mediante Acuerdo General N° 10 de fecha 17 de abril de 2018.

Así, en la audiencia de diciembre estarán los vocales Omar Carubia, Claudia Mizawak y el reemplazante de Giorgio, Juan Ramón Smaldone, vocal en la Sala N° 2 en los Civil y Comercial del STJ.

Los vocales deberán decidir si revocan o confirman la condena. Los defensores de Vitale, a cargo de los abogado Iván Vernengo y Damián Petenatti, solicitarán que oigan un audio en el que la presidenta del Tribunal de juicio que condenó al experito, María Carolina Castagno, opinó del caso mucho antes, cuando aún era fiscal y concursaba en el Consejo de la Magistratura por el cargo de camaristas.

Los letrados consideran que la jueza no debió integrar el Tribunal por su opinión previa que violaría el principio de imparcialidad. Por ello piden anular la sentencia condenatoria.

Vitale fue condenado el 13 de abril de 2018 a la pena de 12 años de cárcel por el delito de robo de las armas judicializadas y amenazas simples. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que lo condenó estuvo presidido por María Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Lía Van Dembroucke.

El 16 de abril de 2018 la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena en su contra y ratificó la prisión preventiva. Tiempo después, los abogados del perito, Iván Vernengo y Damián Petenatti, interpusieron un recurso extraordinario ante la Sala Penal del STJ, en el que añaden un agravio nuevo: que la presidenta del Tribunal que juzgó a Vitale, Carolina Castagno, no debió intervenir en el juicio ya que se habría emitido una opinión en el marco de una entrevista en el Consejo de la Magistratura.

Esta vez, un Tribunal falló a favor y concedió el recurso extraordinario ante el máximo tribunal provincial. Esa resolución fue refrendada el 30 de mayo de este año por los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Pablo Vírgala.

En la impugnación extraordinaria, los defensores plantearon que la jueza Castagno incurrió en la causal prevista en el artículo 38 inciso 'J' del Código Procesal Penal de la provincia, que establece el deber de excusarse "si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso".

En ese punto, mencionaron que el 30 de abril de este año tomaron conocimiento de un hecho ocurrido previo al juicio oral que "denota un palmario, claro y rotundo adelanto de opinión de parte de la Sra. Presidente del Tribunal de Juicio, Dra. María Carolina Castagno" por haber "dado por cierto proposiciones fácticas determinantes que viciaban ab initio todo el desarrollo del juicio y atentaban de manera irremediable contra la imparcialidad que debe existir en todo juzgador".

Al respecto, señalaron que el 12 de junio de 2017, Castagno, que por entonces era Fiscal de Coordinación, en una entrevista personal en el marco del concurso para convertirse en camarista, ante el pleno del Consejo de la Magistratura, hizo referencia al caso de armas judicializadas. En rigor, ante una consulta, refirió que el encargado de la Sección de Efectos Secuestrados, es decir Vitale, "vendía armas a los delincuentes".

Así las cosas, el caso Vitale llegó hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si confirma los fallos del Tribunal de Juicio y Casación o si los deja sin efecto. De concretarse esta última posibilidad, Vitale podría recuperar su libertad. (Entre Ríos Ahora)
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