Para el magistrado, los argumentos que presentó el defensor Alfredo Vitale sobre el arraigo que ambos tenían en la provincia de Córdoba y sus ocupaciones diarias, uno como albañil y el otro como taxista, fueron suficientes para considerar que estaba neutralizada la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación, dos componentes esenciales para otorgar la prisión preventiva.
Tras la audiencia recibieron inmediatamente la libertad y ambos ya regresaron hacia su ciudad de origen, aunque con medidas coercitivas, entre las que se deberán presentar en la comisaría cercana a su domicilio para manifestar su presencia en la ciudad.
Por lo pronto, la investigación en Gualeguaychú sigue su curso. La Policía busca por estas horas imágenes fílmicas que puedan comprometer a los sospechosos con el hecho, porque en el interior de la Sociedad Rural no hay cámaras de seguridad y no hay pruebas que los involucren directamente.
También se espera por la pericia a un teléfono celular secuestrado, propiedad de uno de los involucrados. Ese análisis que realizará personal de la División Criminalística podría arrojar algo de luz a la investigación que por el momento carece de pruebas contundentes.
Estos dos hombres ya estuvieron involucrados en un caso que mediáticamente se denominó "La cena de los magistrados". Un golpe comando que tuvo un altísimo impacto público, que sucedió en una vivienda del barrio Cofico, donde cenaban reconocidos personajes del espectro judicial, político y económico de Córdoba.
En ese golpe, la banda escapó a medianoche con pesos, dólares, euros, alhajas y smartphones. A las 10 cuadras fueron detenidos junto al subcomisario que estaba señalado de ser el cabecilla de la banda, mientras comían choripanes. Pese a que nunca se les halló el botín robado, ni armas, ni hubo reconocimiento de personas, ni ADN, entre otras cosas, todos fueron llevados a juicio y en noviembre pasado la Cámara 2ª del Crimen absolvió a todos por el robo comando por falta de pruebas que generaron una "duda insuperable". Actualmente tienen un litigio judicial contra la provincia de córdoba por los dos años que permanecieron encerrados con prisión preventiva. (El Día)
