El trámite de audiencia imputativa al que Martín Alejandro K. llegó ayer detenido al Centro de Justicia Penal (CJP) puso en evidencia un caso gravísimo, sin trascendencia pública hasta el momento, y del cual costó obtener detalles a pesar de tratarse de una problemática cada vez más creciente que afecta a miles de niños y adolescentes.
A las 8 de la mañana y con restricciones de ingreso de público, el joven sospechado llegó a la sala 7 del CJP en libertad custodiado por personal policial. Allí lo aguardaba la fiscal Nora Marull para endilgarle más de 30 hechos de pedofilia que habría consumado desde su computadora personal.
Los inicios
Fuentes judiciales confirmaron que la pesquisa que desembocó en la grave acusación se inició a partir de la investigación de un juzgado de Faltas y Contravencional de la ciudad de Buenos Aires (Caba), a partir de la cual se determinó que el material pornográfico se disparaba desde una computadora de Rosario cuyo número de IP fue asignado a Martín Alejandro K.
Entre otros antecedentes, el imputado se postea en la red social laboral Linkedin como estudiante de la Facultad de Ciencia Política de la UNR, donde figura como docente adscripto en la Cátedra de Historia Latinoamericana y Argentina III con intensa actividad académica; y como asistente ejecutivo en un emprendimiento inmobiliario de Fisherton, entre otros trabajos.
En general, el caso que lo tiene como sospechoso sale a la luz cuando el organismo que se encarga de combatir los delitos sexuales contra niños (National Center for Missing and Exploited Children) detecta los contenidos y logra identificar la IP del dispositivo. Luego notifica sobre el usuario a las autoridades judiciales de cada país.
Lo cierto es que la fiscal le achacó la "distribución de material pornográfico infantil, prostitución infantil, hecho consumado y todos en concurso real; facilitamiento y distribución de pornografía infantil, 31 hechos en concurso real, en calidad de autor y consumados; tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución, en concurso real, consumados y en calidad de autor".
Posesión
Además, le endilgaron la "posesión de material pornográfico infantil en concurso real". La pesquisa determinó que participaba de un chat con ese temática. Por resguardo y para no exponer a las víctimas, la Fiscalía no dio a conocer las características de los contenidos que figuran entre las evidencias incriminantes.
El trámite fue convocado bajo el objetivo de tratar "nuevas imputaciones" y la medida cautelar, y contó con la garantía del juez de primera instancia, Rafael Coria. El acusado, fue asesorado por el abogado penalista Fausto Yrure, quien no objetó el encuadre legal y formalizó su postura al momento de tratar la prisión preventiva.
Según fuentes judiciales, la fiscal llegó a un acuerdo con el defensor para que el acusado quede en libertad como medida alternativa a la prisión preventiva, aunque con requisitos por tres meses: firma semanal en la OGJ, fijar una fianza de 50.000 pesos, un garante personal y la prohibición de salir del país.
La defensa no se opuso y pidió plazo de 72 horas para efectivizar el pago de la fianza y acreditar el garante personal. Con el acuerdo sellado, el juez Coria dio por formalizada la imputación de los graves hechos atribuidos, la calificación jurídico penal y las evidencias con las que el MPA la sustentó.
