"Quedó probado que las víctimas fueron privadas de su libertad, luego de manifestar sus intenciones de dejar el convento de Nogoyá", sentenció el magistrado durante el adelanto de sentencia.
Para el juez, Toledo "abusó de su rol, impuso sanciones y penas" a las víctimas, y "las sometió a severos castigos".
Para el magistrado, quedaron demostrados "los castigos físicos impuestos, amenazas y maniobras cautivas para resistir la libertad de las víctimas" que la religiosa impuso a las víctimas, en su rol de rectora de la institución.
Durante el adelanto de sentencia, el juez dio cuenta de los "silicios y mordazas" que fueron hallados durante la inspección ocular que realizó en el convento de Nogoyá, además de las condiciones del lugar: muros perimetrales con alambres de púas, vidrio molido y corriente eléctrica. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 29 de julio a las 8.45 horas.
Por el momento sobre la religiosa no pesan medidas restrictivas de la libertad y la única obligación que tiene es la de notificar al Tribunal en caso de que cambie su domicilio. Pero cuando la sentencia quede firme, será trasladada al penal de Mujeres de Paraná.
Toledo dirigió durante diez años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, y fue separada de su cargo al poco tiempo de que se conociera el escándalo del convento.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2016, a partir del testimonio de dos ex carmelitas, que contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo. Elonce
