La comisaría de María Grande, Departamento Paraná, recibió el llamado de un hombre que avisaba que había interceptado a los adolescentes, quienes se conducían en una moto que le habían sustraído. Cuatro policías fueron a un camino de tierra, continuación de calle Trabajadores Argentinos con dirección a la localidad El Pingo, próximo a las torres de alta tensión de María Grande. Bajaron del móvil 1363 y se encontraron con los chicos reducidos y acostados boca abajo en el suelo. Según la imputación, uno de los uniformados, Leandro Pedro Mauri, tomó a uno de ellos de los pelos y le propinó una cachetada mientras le decía: "Vos sos el que se da de asaltante, putito, faloperos", y los pateó a ambos en las costillas.
Además, los golpearon y les pisaron la cabeza. Luego el imputado tomó a los dos del cuello, les pegó cachetazos, obligó a uno de los menores a agarrarse de un alambrado de púas y lo golpeó con la cachiporra en las pantorrillas y con los puños en la espalda y en la sien. Les decía que los iba a matar, les apuntó con su arma reglamentaria y les ordenó a ambos que corrieran, y les dijo que al que corriera más lento le daría un disparo y lo tiraría en una zanja. El médico forense constató excoriaciones lesiones y dolores varios en las víctimas,publicó Uno.
Finalmente, los cuatro policías trasladaron a los dos adolescentes a la comisaría de María Grande, donde permanecieron hasta las 21.30.
La Fiscalía sostuvo que "el accionar mencionado tuvo por fin lograr que mediante las violencias ejercidas los menores reconocieran ser los autores de la sustracción del motovehículo a bordo del cual circulaban al momento de ser interceptados y que dijeran dónde se encontraban las motopartes y la patente faltante". En la causa estaban imputados los cuatro policías que participaron de aquel procedimiento, pero luego de las negociaciones entre las partes se arribó un acuerdo de juicio abreviado que implicó que Mauri admitía su responsabilidad en el hecho, y los otros resultaban sobreseídos.
El acuerdo fue presentado por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y los abogados defensores Daniel Rosatelli y Miguel Ángel Cullen, en el cual también dio su consentimiento la representante del Ministerio Público Pupilar Susana Carnero. El juez de Garantías Ricardo Bonazzola evaluará los elementos del legajo y la semana próxima dará a conocer si homologa o no el mismo en una sentencia. En caso de que el magistrado rechace el acuerdo, se llevará el caso a un juicio oral y público, con los cuatro imputados, en los que el testigo y víctima del robo de la moto deberá declarar sobre el suceso, al igual que se escuchará el relato de los menores que, junto a la madre de uno de ellos, hicieron la denuncia.
