Así lo confirmó el abogado Oscar Bacigaluppe, que representa a 20 de los 40 uniformados sancionados por el Jefe de Policía de la provincia. La sanción fue rubricada luego de un dictamen del Tribunal de Disciplina de la fuerza que evaluó la actuación de cada efectivo.
De esos 40, 21 suboficiales y dos oficiales fueron expulsados de la institución, mientras que al resto se les impuso como castigo un arresto por alrededor de 50 días.
Declaración de los jefes
En diálogo con Radio Costa Paraná, Bacigaluppe confirmó que recurrirán las sanciones ante el gobernador y anticipó que si no logran una respuesta favorable irán a la Justicia con un recurso ante la Cámara Contencioso Administrativa."Vengo analizando al cuestión desde el inicio de todo esto y creo que era algo anunciado dado que considero que es una causa política, una causa donde nos e investigo a quienes se debió investigar. Se condena o sanciona a esta gente con la declaración de los jefes que debieron ser investigados", planteó Bacigaluppe.
En ese sentido, explicó que las sanciones se fundamentan en los informes que elaboraron los jefes de la Policía de Concordia de 2013, que señaló "quién era peligroso, revoltoso y quién lideraba y quién no" la protesta.
Responsabilidades
Indicó que en el informe se consigna que los policías eran "agresivos y peligrosos" pero que a pesar de ello "los dejaban con el arma y que circularan por la calle libremente"."Si eso hubiese sido cierto, una persona no podía haber continuado con el arma en su poder", afirmó.
Más adelante, el defensor señaló que en el juicio penal que se les realizó en mayo de 2015, "el Tribunal de Concordia señaló que había responsabilidades de los jefes los fiscales" y que el a Fiscalía se negó a investigar.
No desalojar
Consultado por qué piensa que se trató de una causa "política", Bacigaluppe sostuvo que "creo que la Justicia fue, de alguna manera, no sé si utilizada, pero evidentemente esto fue todo armado por la cúpula policial y el Procurador García, que estuvo el día de los hechos. Él dijo que había dado la orden de no desalojar la jefatura y eso fue el determinante de saqueos y la no intervención de las fuerzas que habían traído de otros lugares. Eso lo reconoció en la audiencia ante el Superior Tribunal", aseveró.Finalmente, sobre estado de la causa penal refirió que esperan que se conforme el nuevo Tribunal de Casación Penal que debe revisar la condena aplicada en la primera instancia.
Recordó que en mayo de 2018, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con voto dividido, falló a favor de los policías condenados por los acuartelamientos al anular la sentencia de Casación que agravó figuras penales a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Demanda civil
En tanto, informó que la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia desestimó la demanda civil que habían formulado los efectivos y en la que reclamaban ser indemnizados por el Estado por las malas condiciones en la que fueron alojados durante la prisión preventiva que cumplieron antes del juicio.En primera instancia la Justicia había al Estado a pagarle $18 mil a cada uno de los policías; y luego hubo un segundo pronunciamiento que elevó esa cifra a $100 mil por cada efectivo involucrado en esos hechos. Peor finalmente el reclamo no prosperó ante el máximo tribunal provincial. Fuente: (Entrerriosahora).-
