El joven, que en ese entonces tenía 19 años, desde atrás, le efectuó varios disparos con arma de fuego a Leyes, lesionándole el páncreas y el riñón. La víctima agonizó durante ocho días y finalmente murió.
Los jueces autorizaron al condenado a continuar con el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque acrecentaron los controles y lo obligaron a usar una tobillera electrónica. En tal situación permanecerá hasta que Casación dictamine, de no mediar ninguna otra circunstancia que cambie el curso de los acontecimientos.
Los antecedentes de los Monzón
La labor de la Policía y de la Justicia para investigar lo sucedido y permitir que se llegue a una sentencia debió atravesar infinidad de presiones y toda clase de obstáculos, que fuentes tribunalicias asociaron con las características de la familia del autor del homicidio, publicó El Entre Ríos.
El mayor, Ramón Alberto, es un activo afiliado a la UOCRA, y condenado tiempo atrás a prisión condicional por dos hechos de abuso y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil, en la misma causa donde otro de los Monzón, César Marcelo, también fue encontrado responsable del mismo delito, pero en su caso las armas que llevaba eran de guerra.
Una de las hermanas, Romina Monzón, cayó detenida recientemente, aunque luego fue liberada mientras avanza la investigación. La policía allanó su vivienda donde encontró varios envoltorios de nylon con cocaína, lista para su comercialización. En la misma ocasión, el domicilio vecino de otro militante de UOCRA, Exequiel Ragone, también fue visitado por los uniformados, con idéntico resultado.
A Romina se la vio presenciar algunas audiencias del juicio que condenó a su hermano menor, acompañado de quien sería su pareja, Marcelo Fabián Ledesma, empleado municipal, integrante de la Guardia Urbana, recientemente suspendido luego de que la Policía Federal lo interceptara en la costanera con varias dosis de cocaína.
Aprietes y amenazas
Ni bien sucedió el asesinato de Leyes, comenzaron los aprietes de los Monzón, empezando por los vecinos. "Acá nadie vio nada", ordenaron. Su estrategia de silenciar a todo el barrio dio resultado, al punto que a la Justicia le resultó muy complejo conseguir un testigo que no fuera familiar directo de la víctima.El clima de tensión en el Constitución por la actitud amenazante de los Monzón para acallar voces que se atrevieran a contar algo llegó a tal extremo que el Ministerio Público Fiscal debió pedir la intervención del Grupo Especial de Infantería, que permaneció apostado en el lugar entre 15 y 20 días para frenar a los Monzón.
El Juez Pablo Garrera Allende, cuando el acusado llevaba 60 días de prisión preventiva, lo dejó en libertad, desoyendo el pedido del Fiscal Fabio Zabaleta para que continuara detenido.
El testigo amenazado, que luego desapareció
Días antes del debate, sucedió otro hecho infrecuente. Uno de los testigos -según terminaría confesándolo ante los jueces- fue llevado al estudio del abogado defensor de Monzón, donde lo presionaron para "dar vuelta" su relato. El fiscal advirtió que algo le pasaba y consiguió convencerlo de que dijera la verdad. "Me apretaron, me llevaron a lo del abogado", confió a los jueces.
Lo más grave es que cuando se hizo la reconstrucción del hecho en el barrio, este testigo había desaparecido del mapa. Hacía dos o tres días que se había ido de su casa, dominado por el miedo y con paradero desconocido.
Otro dos que testificaron en la causa dijeron que uno de los hermanos Monzón, César, fue a presionarlos a su casa. El tribunal dio intervención al fiscal en turno para que investigue la comisión de presuntas "amenazas coactivas".
Falsos testimonios
Además de los aprietes, también abundaron los falsos testimonios. La defensa presentó supuestos testigos que decían haber visto que la víctima fatal, Leyes, había disparado primero y que Francisco Monzón ni siquiera estaba en el lugar de los hechos sino en San Salvador, trabajando. Pero, durante el debate, a todos esos testigos truchos el Tribunal les inició acciones por "falso testimonio". (El Entre Ríos)
