Las audiencias comenzaron el lunes pasado, donde el Tribunal integrado por Alicia Vivian, Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi, admitió la prescripción de dos de las doce denuncias iniciales. Se trata de hechos ocurridos en 1975 y 1977.
La prescripción es un dispositivo regulado por los Artículos 59° y 62° del Código Penal de la Nación, que permite la extinción de la acción penal (poder de investigar y juzgar que tiene el Estado), que establece un límite máximo de 12 años que comienzan a transcurrir desde que la conducta es realizada.
El fundamento de la prescripción se basó en que cuando ocurrieron estos dos hechos específicos, Argentina no estaba adherida a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derechos del Niño. De todas formas, desde el Ministerio Público Fiscal aportarán estos dos casos como testigos.
Actúan como fiscales Lisandro Béhéran y Martina Cedrés; los abogados querellantes son Estela Esnaola y Alfredo Vitale; mientras que el abogado Raúl Jurado es el defensor de Rivas.
Así, la causa ahora se concentrará en diez víctimas denunciantes y se estima que casi cien testigos serán convocados para decir su verdad ante el Tribunal, en audiencias previstas para hoy y mañana; y los días 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril. Aunque se aclaró que, de acuerdo a la dinámica del propio juicio, este cronograma podría alterarse.
En la primera jornada, el imputado Rivas declaró sobre las acusaciones en términos generales, para asegurar que no cometió delitos y negar que estuvo con menores de edad.
A su vez, Daniel Enz -director de la revista Análisis- también declaró el lunes pasado como testigo, a raíz de que fue el responsable de la investigación periodística que le demandó más de un año y medio y cuya publicación el 27 de julio de 2017, generó por parte del Ministerio Público Fiscal una actuación de oficio. En su aporte a la Justicia, Enz resguardó en todo momento a sus fuentes periodísticas, y pudo al mismo tiempo ofrecer elementos claros para sostener su investigación.
Para la fiscal Martina Cedrés, Rivas se valía "de su preeminencia y de una situación de asimetría para con las víctimas menores", y se le imputó "haber determinado a sus víctimas a un estado sexual corrupto mediante actos prematuros y de actividad sexual exacerbada"; cuyos actos sexuales "fueron perversos, prematuros y excesivos".
Para la Fiscalía, se está ante un caso histórico por el número de víctimas, por el modo en que ocurrieron los hechos durante cuatro décadas y concluye en su planteo en el pedido de una pena de 25 años de prisión. (El Argentino)
