"Es bochornoso que la Justicia todavía persiga a cultivadores para autoabastecimiento, cultivadores solidarios que ayudan a los demás, y no se dedique el verdadero narcotráfico", lamentó Malajovich a Elonce TV, al tiempo que estimó que el juicio sea "entre 2021 y 2022".
Pero hay otra cuestión, además de esta última, en la que los abogados del imputado, Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, insistirán ante la Justicia: la nulidad de la causa porque, afirman, se violaron derechos constitucionales, como la privacidad de las personas. Denunciaron que la Policía Federal obtuvo información de las empresas Facebook y Cablevisión en forma irregular, que sirvió para vigilar la actividad de los "sospechosos", integrantes de la Asociación Paranaense de Cultivadores Cannábicos que organizaba los mencionados talleres.
Sobre este punto, la Cámara Federal consideró que debe ser analizado y discutido en el juicio oral y público, en el cual se examinan los documentos y testimonios.
La cuestión es que Malajovich sigue procesado (con todo lo que ello implica en la vida diaria) por una actividad que asumió públicamente y que socialmente es cada vez más tolerada y también valorada; pese a esto, la Justicia Federal sigue sospechando que es narcotraficante.
Talleres sí, cultivo no
La Fiscalía Federal pidió que sea procesado por el delito de Preconización (defender, apoyar o aconsejar públicamente) del uso de cannabis sativa. El juez federal Leandro Ríos sostuvo que este delito atenta contra la libertad de expresión. Pero procesó al acusado por "dación pública de instrucciones acerca de la elaboración de drogas, dada la influencia estimulante ?aún potencial? sobre pasivos individuos receptores que dicho accionar supone".
Ahora, tras el recurso de apelación interpuesto por los defensores, la Cámara Federal sobreseyó a Malajovich por este delito, ya que el mismo se comete cuando "existe la posibilidad de que la difusión y/o impartición de instrucciones sea conocida y recibida por un destinatario indeterminado o por alguien no convocado personalmente". En este sentido, según el voto de la vocal Beatriz Aranguren, en este caso "el acceso a la información presuntamente brindada por el imputado a través de los tres talleres que habría impartido no era indiscriminada, sino solo posible previa voluntad de un tercero de adquirir dicha información. Ello habida cuenta de que resultó necesaria una conducta activa, por parte del receptor, de inscribirse y asistir a los talleres para acceder a los contenidos".
Por esto, la jueza concluyó que "la impartición de instrucciones cuestionada no era en rigor abierta a un número indeterminado de individuos y, por lo tanto, no era pública". Mateo Busaniche coincidió (Cintia Gómez sostuvo que esto debía analizarse en el juicio), por lo que por mayoría se dictó el sobreseimiento por este delito.
La Cámara Federal de Apelaciones (según se lee en el voto de Aranguren) planteó: "Entiendo que la cantidad de plantas incautadas es significativa y representa una amenaza cierta al bien jurídico protegido. Lo mismo ocurre con las semillas, las que, según la pericia química, presentan viabilidad del 100 %. Considero que ello impide suponer -por el momento- que el cultivo y siembra de plantas y la guarda de semillas estaban destinados-?inequívocamente- al consumo personal del imputado".
Vale destacar en este punto algo que suma confusión a todo este trámite judicial: el fiscal general Ricardo Álvarez, quien había pedido la confirmación del procesamiento por los talleres de cannabis, planteó respecto de las plantas que podría considerarse que tenían como destino más el consumo que el comercio por parte de Malajovich, publicó Uno.
Las expectativas de Malajovich
En tanto, el abogado de Malajovich, Andrés Bacigalupo, indicó: "Como defensor celebro que el juez Ríos haya dictado el sobreseimiento por preconización, y garantice al ciudadano la libertad de expresión. Y celebro ahora que la Cámara Federal haya decidido que la conducta en los talleres escapan a las previstas en el Código Penal".
El letrado explicó: "Es una causa muy compleja, y prueba de esto es la cantidad de opiniones diversas que se han escuchado a lo largo de todo este proceso. Todo es opinable".
Además, aventuró: "Todavía no está dada la última palabra, porque considero que la investigación ha sido llevada a cabo de manera irregular, se han violado garantías constitucionales", en alusión a los vicios advertidos en la investigación respecto de la intromisión en las cuentas de redes sociales y las intervenciones de los teléfonos de los sospechosos. De este modo, ahora Bacigalupo y Azziani Cánepa perfilarán el planteo de cara al juicio oral y público ante el Tribunal Federal de Paraná.
