El hombre de Paraná, de 33 años, es acusado además por Tenencia simple de estupefacientes, porque la cantidad plantas y derivados del cannabis que había en su casa y en su local comercial no explicaría "inequívocamente" el uso individual, así como la siembra del vegetal y la guarda de semillas para la producción del mismo.
"Criterio policíaco"
"La presente causa representó un claro embate contra los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión, igualdad, reserva, privacidad e inviolabilidad del domicilio y los documentos privados todos celosamente protegidos por nuestra carta magna", afirmaron los defensores."La investigación encuentra su origen y posterior evolución pura y exclusivamente basado en un criterio político criminal policíaco, mecanicista y positivista", plantearon, y explicaron que la causa se inició por un informe de la Policía de Entre Ríos al Juzgado sobre una agrupación paranaense que organizaba una Jornada de cultura cannábica, publicó DiarioUno.
Desigualdad ante la ley
En otra parte del recurso de apelación los letrados expusieron la desigualdad en el trato por parte de la Justicia que recibió Malajovich respecto de otros que tienen la misma actividad pública. "No deja de evidenciarse una absoluta contradicción por parte del Estado en perseguir las conductas investigadas con el accionar de público y notorio conocimiento por parte de empresas de medios de información, páginas de Internet y conductas de personas sobreseídas con anterioridad".
"No somos narcos"
Por otro lado, los defensores cuestionaron que la Fiscalía federal haya profundizado la investigación con tareas de inteligencia, sobre la Asociación Paranaense de Agricultores de Cannabis, pese a que "paradigmáticamente" la misma tenía en su portada de Facebook el mensaje "No somos narcos", "demostrando primariamente que su objetivo principal es no ser tratados como narcotraficantes, ni ser perseguidos ni sancionados en la actividad de autocultivo". Más aún cuando hoy esta actividad está "prácticamente al borde de la despenalización, al extremo de que el Proyecto del nuevo Código Penal la desestima de su catálogo represivo".
"Investigación tendenciosa"
En lo que se lee como el punto más duro de las críticas a la investigación y al procesamiento de Malajovich, los abogados Bacigaluppo y Azziani Cánepa se preguntaron si el imputado puede ser considerado "un perseguido político". Para responderlo, plantearon que "la investigación a dicha altura devenía no solo innecesaria y desmedida, sino incluso tendenciosa por parte de la acusación pública hacia conductas de un individuo, que en lo medular, predica a la sazón el autocultivo como propuesta final del mismo narcotráfico".Y consideraron que "el término 'persecución política' por parte de la prevención policial no reluce nada ridículo, aplicado moderadamente y en proporción a lo investigado en su correcta acepción", ya que resultó "innecesaria, irrazonable y desproporcionada la intromisión en la vida de Malajovich, su familia y sus pares".
