Policiales Se encendió El Ventilador

Cuando los delitos son cometidos por menores, ¿cómo se actúa en Entre Ríos?

El debate sobre la responsabilidad penal de los jóvenes que cometen delitos volvió a ser noticia. ¿Es la baja en la edad de punibilidad una medida efectiva para enfrentar el delito? El tema se instaló este martes en El Ventilador.
Es que, desde el gobierno nacional se promueve un proyecto de ley que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y no desde los 16 como lo fija la norma actualmente.

Mientras numerosas organizaciones de derechos humanos han manifestado sus críticas al proyecto de ley, y trascienden números que aseguran la baja incidencia que tienen en las estadísticas totales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, volvió a defenderlo al considerar que "es una deuda pendiente de hace muchos años.

Según la funcionaria, el proyecto parte de una premisa: "Buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y hacia la muerte, de ellos y de las víctimas que dejan".

Sin dudas, estamos frente a un tema complejo, serio y delicado, que no puede dejar de ser analizado fuera del contexto de crisis social y económica que vivimos, aunque son atendibles los reclamos que expresan quienes han sido vìctimas de delitos a mano de menores.
La situación en Entre Ríos
Entre Ríos dio un paso adelante en materia penal para jóvenes cuando en octubre de 2016 se sancionó la Ley N° 10450 que estableció un proceso específico para los adolescentes de 14 y 15 años de edad en cuanto a determinados delitos graves como abusos sexuales, homicidios, y robos con armas de fuego, entre otros.

Cuál es la principal diferencia que instauró este nuevo régimen? La posibilidad de que los jóvenes sean reconocidos como ciudadanos con derechos y garantías y que el proceso en su contra concluya con un pronunciamiento del tribunal respecto a la participación o no del adolescente en el hecho investigado.

Es que hasta la sanción de esta norma, por el sólo motivo de ser menores de 16 años, los jóvenes eran sobreseídos y las causas archivadas en forma inmediata, sin la posibilidad de defensa y menos de que se comprobara si eran o no finalmente los autores de los delitos en cuestión.

En este proceso, cumple un papel central, el COPNAF, organismo que trabaja en forma conjunta y articulada con el juez de menores, y en cuyo ámbito funcionan los Centros cerrados socioeducativos, donde los menores involucrados en causas judiciales, reciben atención interdisciplinaria, propiciando la defensa y protección integral de sus derechos.

Aun así, entre los ciudadanos en general, suele existir mucho desconocimiento.

Este martes, en un nuevo comienzo de ciclo de El Ventilador, especialistas, abogados, vecinalistas y conocedores de la realidad de cada barrio de la ciudad, debatieron sobre el tema.
En medio del debate, este martes en el programa El Ventilador, que se emite por Elonce TV el conductor del programa, Sebastián Gálligo planteó: ¿Es la baja en la edad de punibilidad una medida efectiva para enfrentar el delito? ¿Qué respuesta le da el Estado y sus tres poderes a las familias que sufren a diario los embates de la inseguridad por parte de menores de edad? ¿Qué dicen las estadísticas sobre la criminalidad de menores en Entre Ríos?
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"Parece que al electorado le seduce el tema de la baja en la edad de punibilidad"
"Es sumamente necesario el debate y principalmente la modificación del régimen penal para menores de 16 años, porque contamos con un decreto ley de la última dictadura cívico militar. Lamentablemente se pierde la discusión y este debate porque siempre caemos en la baja de la edad de punibilidad. Hablamos de la posibilidad de aplicar la pena merecida a aquella persona que se encontraría responsable de un delito, más allá de la imputabilidad, que tiene mucho que ver con la incapacidad psíquica y culpabilidad", amplió Pablo Barbiroto, Juez de Menores.

Respecto del proyecto nacional afirmó: "El proyecto busca bajar la edad de punibilidad, es decir la posibilidad de aplicar una pena por debajo del os 16 años, cuando haya sido responsable y haya pasado por un proceso penal con todas las garantías como le corresponde a cualquier ciudadano".

"Hoy en día, una persona por debajo de los 18 años de edad, se encuentra frente a un proceso panal con menos garantías que un mayor de edad, contrario a lo que se suele creer", afirmó. En el mismo sentido Barbirotto destacó: "En personas menores de 18 años, la infracción o el delito asa a ser algo anecdótico donde lo que se intenta es, a ese adolescente, separarlo de la sociedad, internarlo sin ningún tiempo procesal, donde puede estar hasta la mayoría de edad. Estas son cuestiones que no les pasaría a un adulto", afirmó.

Al respecto, agregó: "Para el decreto ley de la última dictadura, el menor es "un objeto de protección, no un sujeto de derecho como lo reconoce la Convención".

Para Barbirotto, "al debate hay que encararlo con todos los operadores, organizaciones de la sociedad civil, con todos los que trabajan a diario respecto de esto, para dotarlo de todos los derechos y garantías. Lo que no considero apropiado es llamar a una asamblea o a sesiones extraordinarias por la incidencia que tiene. Me parece más correcto llamar a este tipo de sesiones para declarar la emergencia nacional en el tema de los feminicidios, que en enero y febrero, tenemos 28 casos, lo que es alarmante".

Opinó que esta es "una receta vieja de todos los partidos políticos, en época de elecciones. Parece que al electorado lo seduce el tema de la baja en la edad de punibilidad, cuando la primera pregunta que debería hacerse un legislador responsable de todos los partidos es sobre la necesidad de una norma. Estamos hablando de que la incidencia del delito en menores de 16 años de edad por delitos graves, es del 0, 66 %. No parece lícito ofrecerle a la sociedad una respuesta por seguridad, por un 0, 66 %, cuando no se la estamos dando por el otro 99 %".

"Cuando se habla de 100 % se hace referencia a todos los tipos de delitos, de arrebato, robo de celular?, pero el proyecto habla solo de delitos graves".

Barbirotto aclaró que "una persona va al Copnaf cuando existe riesgo procesal, prisión preventiva; todavía no hay condena. Si se lo condena a una persona que cometió un delito por debajo de los 18 años de edad, va a la unidad penal (la Nº1, en Paraná o a la de Victoria) porque la pena se puede aplicar cuando tenga 18 años de edad. Van a los mismos dispositivos que los adultos. Lo que sí es importante marcar, porque el proyecto tiene cuestiones positivas, es que habla de centros especializados donde la persona que cometió delito, lo cumpliría allí, separado de personas adultas".

"Estamos yendo a las consecuencias y no estamos atacando la causa. En Paraná, de diez chicos que se ven involucrados en una infracción, ocho están implicados en algún tipo de sustancias y 9 no van a la escuela. El 90 % de los delitos que estamos trabajando en Paraná y en Entre Ríos, están relacionado con el consumo de sustancias. Esto no quiere decir que todo aquel chico que se droga termina cometiendo un delito", puntualizó.

Afirmó, en tanto que en dos años "en Entre Ríos no hubo delitos graves con menores de 14 y 15 años como autores".

A lo que agregó que en el 90 % de los casos en los que interviene la justicia entrerriana "son arrebatos de celulares, de carteras, ara conseguir dinero para el consumo. Al teléfono que el chico ni siquiera se encarga de comercializar porque se lo entregan a lo que en el barrio llaman `el narco` y lo cambia por determinado tipo de sustancia. El propio narco es el que comercializa esos teléfonos", comentó Barbirotto.

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"En la provincia los delitos cometidos por menores son ínfimos"
Ariel Villanueva, director de Restitución de Derechos (Copnaf), señaló que "si uno ira los números se ve que los delitos cometidos por menores son ínfimos. En tanto, en la provincia los chicos ingresan a los centros cerrados que existen en la provincia: hay uno en Paraná y otro en Concordia. El alojamiento y la contención socio-educativa es parte del Copnaf, pero el ingreso de los chicos es por parte del poder judicial".

"En el 2018 hubo 14 adolescentes alojados en el centro de Paraná y 11 en el de Concordia. Si miramos los números demuestran que ha sido mucho menor a los años anteriores. El Copnaf ha establecido una política de profundización de acceso a la educación y a las cuestiones socio-educativas. Los números de los equipos específicos de trabajo marcan que claramente los chicos que han pasado y egresado de los centros cerrados, por lo menos hasta que llegan a los 18 años, no han tenido reincidencia en hechos delictivos", agregó.

En tanto, indicó que "como organismo marcamos que se han profundizado las políticas públicas en salud, en educación, el trabajo con las familias. Hemos garantizado la presencia de equipos de coordinaciones en toda la provincia, algo que no ocurría. Acompañamos mucho a los adolescentes que no tienen obra social, acompañamiento familiar, un entorno que los contenga".

"La medida de protección se toma hasta los 18 años. Si se produce un arrebato se evalúa si hay adultos que pueden contener y garantizar que el adolescente no vuelva a transgredir la ley. El año pasado se sancionó una ley a nivel nacional para acompañar el egreso asistido. Es un programa que acompaña a adolescentes que han pasado y han estado alojados en dispositivos de alojamiento similares a lo que es el Copnaf en el resto de las provincias. Entre Ríos elaboró un programa llamado `Andando´ y es superador. A los adolescentes que están alojados o han estado alojados se los acompaña con un tutor para que vaya armando su proyecto una vez que llegue a los 18 años. Esto es para que puedan incorporarse a la sociedad", remarcó.
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"Hay que apostar a las instancias educativas"
Alejandro Haimovich, abogado y docente, dijo que "estoy absolutamente en contra de bajar la edad de punibilidad. Argentina tiene un sistema que es previo a la Convención de Derechos del Niño desde el año ´90. Argentina no ha sancionado una ley de responsabilidad penal juvenil adecuada a lo que dice la Convención. Nuestro país está en falta en relación a eso. Es una obligación como estado parte sancionar una ley que consagre los derechos y garantías de los menores que estén en conflicto con la ley o al revés. Dentro de esa adecuación que hay que hacer el tema de la edad es un tema menor".

"Hay que establecer la prisión preventiva como último recurso. Los menores de edad tienen que tener en el proceso penal los mismos derechos que los adultos. Hoy no los tienen, tienen menos. Deben tener un plus porque son personas que están creciendo. No es lo mismo un chico de 15, de 14, de 16, que una persona de 30 años. Estamos en un serio déficit en relación a eso", aseguró.

En ese sentido, indicó que "otro de los déficit es la seguridad. La inseguridad no es una sensación, existe. Como tal tiene que ser tomada seriamente por el estado con políticas criminales serias. La baja de punibilidad no es una política seria".

"Este gobierno y todos los otros que han planteado esto le mienten a la gente diciendo que con la baja de punibilidad se va a solucionar el problema de la inseguridad. Con el aumento de pena no baja el delito, está comprobado en el mundo. No pasa ni con los menores ni con los mayores", manifestó.

Asimismo, remarcó que "tanto en el caso de los menores de edad como en los adultos, si uno ve las estadísticas y cuál es la población encarcelada, son personas jóvenes, pobres, que no tienen trayectoria educativas ni laborales. El sistema penal selecciona a las personas pobres para intervenir ahí. Sabemos que hay delitos que cometen personas de clase media o alta que cuentan con otros recursos y el sistema penal no interviene de la misma manera".

"Desde los ´90 en adelante cada vez hay más personas presas. Sube constantemente y exponencialmente la tasa de encarcelamiento. Hemos tenido suba de penas y eso no impacta en una mejora de la calidad de vida. Quizás es momento de ser más imaginativos, de tener una imaginación no punitiva y pensar en otras cuestiones como la educación. En el caso de las personas encarceladas hay un porcentaje altísimo de reincidencia pero esa tasa se invierte cuando esas personas tienen una trayectoria educativa. Podríamos pensar en apostar las instancias educativas", resaltó.
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"El Estado margina a los adolescentes, no les ofrece un plato de comida ni educación"
Patricio Cozzi, abogado, manifestó que "es difícil encontrarle al proyecto de baja de edad de punibilidad un elemento positivo. El 99% de los delitos es cometido por los adultos y el 1% por menores. Tenemos un diagnóstico concreto y actuamos sobre otra situación. La receta que aplicarían es inflar el derecho penal, es algo que ha fallado a lo largo de la historia y en todos los países del mundo. Parece que vende muy bien o en el marco del proceso electoral es muy efectiva".

"El derecho penal es el último eslabón de la cadena. El Código Penal castiga conductas, sanciona pero es un castigo. Hay que pensar en otras políticas integrales. ¿Qué le ofrece el estado a los niños o jóvenes? Los margina, no les ofrece un plato de comida, no les ofrece tener una educación, no le ofrece estar con sus pares integrándose o estar en un club de barrio. El sistema es cruel. Se vende la solución a través de la represión", agregó.
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"Hay una inmensa disparidad entre la aplicación de la ley nacional y la provincial"
Corina Beisel es abogada penalista. "Mi opinión es respecto a mi perspectiva como abogada en el ejercicio de la profesión particular, en relación a los menores y jóvenes que resultan coptados por los grandes delincuentes y que son competencia de la justicia federal, como así también aquellos que quedan entrampados en el sistema que ha propuesto la flamante ley conocida como de narcomenudeo".

"A mi oficina llegan personas con sus hijos en un conflicto con la ley penal, y en otras ocasiones concurren personas, que tienen problemáticas de adicciones y que ingresan en el mercado, y pasan a ser los llamados `narcoadictos`, jóvenes que son coptados por mayores que lo utilizan para realizar las actividades delictivas", comenzó relatando.

"Penosamente a nivel provincial, lo he advertido con muchos colegas abogados, hay una inmensa disparidad entre la aplicación de la ley nacional y la provincial, en cuanto al delito. La infracción desde el punto de vista formal, es la misma, pero desde el punto de vista material, la lesión al bien jurídico no es lo mismo. Cuando se plantea, por ejemplo, desde la defensa, a los fiscales en la provincia, la respuesta es `la pena es la misma, está contemplada de 4 a 15 para quienes tengan estupefacientes para fines de comercialización. En Entre Ríos, que se ha adherido, tiene que aplicarse en ese sentido. Entiendo que debe darse una discusión en ese sentido y evaluarse cada caso concreto, no se puede aplicar de manera rígida. Lo que uno nota en los pasillos de las fiscalías es `olor a pobre, a persona desvalida, a joven` (aclaró que lo dice con todo respeto)".

Asimismo apuntó: "En relación a los jóvenes y su vinculación con las drogas, en conflicto con la ley penal, claramente entiendo que se trata del eslabón más débil de la cadena".

"¿Entran por una puerta y salen por la otra?"... se le consultó a la abogada. "No es así, no es real que una persona convocada por el derecho penal o viceversa, entre por una puerta y salga pro la otra. Es cierto que estamos hablando de un sistema operado por personas, y puede tener fallas, peor entiendo que debemos seguir confiando en nuestras instituciones y que hay un claro mensaje errado dirigido a la sociedad, en el que se saca de contexto para lograr un ´redito político haciendo demagogia con este tema", destacó.

Asimismo afirmó que cuando uno de estos jóvenes "entra en contacto con un abogado, con el fiscal yo con el juez de menores, ya ha venido transitando un camino que lastimosamente el Estado hubiera tenido que hacer muchas cosas (por él), y esta sociedad que está reclamando aun derecho penal que, se sabe que es la última razón, debiera reclamarle también a las dictaduras legislativas que existen y mucho en nuestro país, y a los oportunistas, por lo que se legisla".

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"Tuvimos varios robos en el último mes"
Carolina Lavallen, presidente de la vecinal de Bº AAtra, indicó que "nosotros tenemos luminarias nuevas, es un barrio iluminado. Siempre tenemos rejunte de otros barrios. Se ve mucho el consumo de marihuana, hay robos y arrebatos. Generalmente ocurren en horas de la mañana y al mediodía, cuando la gente se va y vuelve de trabajar".

"Nosotros vamos a convocar a una reunión con las autoridades de la Policía para debatir sobre la inseguridad. No solamente hay arrebatos, sino que ingresan a las casas cuando la gente está durmiendo. Eso ocurrió varias veces en el último mes", finalizó.

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"El delito creció, principalmente por la inacción del Estado"
Norma Santángelo es presidenta de la Vecinal Barrio Mercantil de Paraná. "En los últimos tiempos hemos sufrido muchos hechos de inseguridad. Hemos sufrido arrebatos, los chicos generalmente andan en moto, son menores, los que uno lo dice por la cara, se ve que son menores. Hay arrebatos de cartera, celulares, cuando uno se baja del colectivo. Uno los ve en la placita, son dos o tres, están jugando aparentemente, y al ratito sufrimos estos ilícitos".

"Acá el problema es la falta de educación, de salud, de inversión en vivienda. El delito creció, principalmente por la inacción del Estado provincial, se ha dejado al libre albedrío los terrenos del Ejército para hacer urbanizaciones, escuelas, se iba a hacer el polideportivo y coincido en la importancia del deporte en los chicos. Lo que ha pasado es que se ha llenado de asentamientos, ha venido gente a la que han echado de otros lugares y se han ido ahí, hay droga, esto es inacción? Se ha denunciado a la dirección de Tierra, a Fiscalía, los vecinos de padre Kolbe están muy preocupados, nosotros estamos en el límite con esa zona", aseveró.
"La seguridad se logra con buena iluminación, la no generación de pastizales"
Armando Sánchez es presidente de la vecinal S.O.E.T.A.P. "Este es un barrio que da a la circunvalación vieja, pegado al Aatra. Es pequeño, tranquilo, pero que hemos tenido en este último mes, siete hechos delictivos, desde ataque con motochorros, entrada a casas. Hay un vecino que filmó a un delincuente que entró como `pancho por su casa`, lo tuvo en la mira, disparó a errar y lo corrieron. Lo persiguió la policía, llegó hasta el Aatra, se metió en unos matorrales y logró escapar".

"Insistimos con el reclamo, muchas veces, que es necesario el tema del pasto corto, el mantenimiento constante. Cuando el municipio no llega a hacerlo, lo hacemos nosotros o pagamos a alguien lo haga. Creemos que es fundamental. Hemos pedido más de tres veces incluso, por algunas de luces que siguen sin repararse. Creemos que la seguridad se logra con buena iluminación, la no generación de pastizales y de arbustos, árboles bien podamos que permitan la iluminación correcta. Si eso se garantizara, la seguridad sería mayor en el barrio".

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La opinión de los panelistas
El periodista Sebastián Martínez, opinó que "cuando hablamos de punibilidad estamos hablando del final de la película. Es un problema que un joven de 15 o 16 años tenga su primer contacto serio con el estado por una causa penal. Es algo muy triste que debe preocuparnos a todos como sociedad".

El locutor Alejandro Abero, dijo que "hay que preguntarse en cuánto tiempo realmente ha crecido el sistema de delito acá. Son consecuencias claras de lo que viene sucediendo hace un tiempo. Sabemos que no son menores los que realmente están delinquiendo. No tiene sentido".

El panelista Mariano Kohan, manifestó que "estamos hablando de la baja de punibilidad en el sentido de que el joven es el enemigo que a nosotros nos hace sentir inseguros. Que nuestro malestar no es por no llegar a fin de mes, no es por ver una factura de luz que dice que no vamos a poder usar el aire acondicionado. Hay un montón de presupuestos que se están bajando en un montón de sentidos y que justamente castigan al sector".

La periodista Luz Alcain opinó: "Además, lo que comentó el doctor Barbirotto, del contexto electoral, quiero plantear que se trata de un gobierno nacional que está impulsando en un contexto particular, que habla que la mitad de los niños son pobres en Argentina, en un contexto donde el presupuesto 2019 que votó el oficialismo, con el acuerdo de bloques peronistas y provinciales, dispuso una caída del 23 % en educación y cultura para 2019, 48 % de ajuste en viviendas, 20 % de ajuste en promoción y asistencia social, y 8 % de ajuste en salud. Este es el contexto en el que discutimos el destino para los menores. Parece que la única alternativa que surge es esta".

La periodista Ana Tepsich planteó: "¿A dónde van esos chicos que cometen delitos una vez que se los condena?, ¿Son iguales a nuestra cárceles que, sabemos, no los van a rehabilitar?".
"Estoy de acuerdo que no es la solución bajar la edad, que hay que implementar un conjunto de medidas, pero quiero ponerme del lado dela gente que ha sufrido un robo. Son dos las víctimas, las soluciones las sabemos: educación, salud, que puedan comer, pero esas soluciones no llegan".

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