Se conoció que al menos 23 denuncias se acumularon en el último tiempo en la Justicia de Paraná, dando cuenta de la existencia de operadores y gestores de viviendas de programas oficiales que "supuestamente" se podían adquirir por izquierda, sin formar parte de los listados oficiales.
Según los damnificados, que denunciaron en la Justicia, los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas.
Allanamientos
Personal de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones realizó este viernes cuatro allanamientos: tres en Paraná y uno en Villaguay.A raíz de las tareas investigativas se pudo individualizar a cuatro de los denunciados, los cuales entre los meses de julio y noviembre del año 2018, de común acuerdo, ofrecieron a la venta viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), ejecutadas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia, y ocasionándole a los damnificados perjuicios que van desde los 10.000 pesos hasta los 100.000 pesos, según cada caso, de un total de 23 que se les imputa.
En los requisas en la casa de los sospechosos en el barrio El Morro, Pancho Ramírez, en una vivienda del calle Los Ceibos y en el departamento Villaguay, se pudo encontrar documentación de interés, computadoras, armas de fuego y abundante dinero en efectivo.
Según lo informado a UNO desde la Fiscalía y la policía, en todas las viviendas se pudieron secuestrar recibos firmados por los damnificados, contratos y armas cortas y largas que fueron utilizadas para amedrentar a dos víctimas que se resistieron a pagar las "gestiones" y se los obligó con la utilización de las mencionadas armas.
Casaretto: "Estas maniobras no cuentan con nuestro aval"
El titular del IAPV Marcelo Casaretto informó a UNO, que en este tipo de maniobras "no cuentan con el aval nuestro, por ser actos delictivos, para lo cual hay un sistema muy claro para la entrega de viviendas".Reconoció que había escuchado versiones con estas maniobras. "Nosotros las comunicamos a las autoridades, porque nos llegaron los rumores, incluso audios que daban cuenta de estas situaciones delictivas que nada tenemos que ver", aseguró.
"Lo que siempre hemos dicho, que con mi gestión al frente del IAPV, como del gobernador Gustavo Bordet, es que la entrega de las viviendas de los planes sociales de Entre Ríos son absolutamente transparentes, porque los sorteos se hacen en el teatro, con el público, con escribano, con los medios de comunicación y con todos los elementos para garantizar que no haya nada oculto", resaltó para aclarar: "Hasta donde sé, no habría trabajadores del IAPV o gente ligada con el organismo, pero si así fuera, yo mismo lo denuncio y lo llevo preso".
Sobre las estafas denunciadas, indicó: "Estamos para colaborar y ayudar a la Justicia, pero lo que más nos interesa es que con nuestra gestión no hay casas que se puedan vender por izquierda. No solo que no lo vamos a permitir, sino que no hay posibilidades operativamente se pueda hacer"
Un millón de pesos
En los allanamientos encontraron cerca de 50.000 pesos que quedaron judicializados, pero por lo denunciado por los damnificados se estima que las operaciones ilegales llegaron al millón de pesos."Se encontró valioso material, pero además hay elementos que nos hacen sospechar que en las computadoras incautadas, localizaremos valiosos elementos de prueba", resaltó la jefa de Delitos Económicos Blanca Ramírez.
La funcionaria policial hizo saber que esta investigación recién se inició por lo que seguramente habrá más medidas judiciales en corto tiempo, como también la posibilidad concreta de ampliar las responsabilidades a otras personas.
