Asimismo, también se dictó la absolución para Gabriela Gularte, Natalia De La Cruz y Marcos Villagra porque en la última audiencia, en los alegatos de clausura, el fiscal Lisandro Beherán no formalizó su acusación porque no se demostró que vivieran en el lugar donde se realizó el procedimiento y se encontró la droga, ni que tuvieran los estupefacientes a su disposición y mucho menos que la vendieran.
Todas estas personas habían sido detenidas el 12 de mayo, tres días después que entró en vigencia en todo el territorio entrerriano la Ley de narcomenudeo. La Policía llegó al domicilio situado en calle Guastavino al 500 de Gualeguaychú, casi 10 de Junio, por un robo a un taller mecánico ubicado en calle Perú.
Se requisó el lugar y la Policía encontró 50 bochitas de cocaína en un pasillo lindante a la vivienda, además tijeras, balanza de precisión, celulares y dinero. Como ya había entrado en vigencia la Ley de narcomenudeo, todas las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Gualeguaychú.
La nueva situación de Georgieff y su arresto
Osvaldo Geogieff, además de haber sido uno de los imputados y condenados por este hecho, el lunes 19 de noviembre, fue detenido durante un allanamiento que se realizó en su casa de calle Guastavino porque volvieron a encontrar droga.
Geogieff esperó el juicio y el posterior desarrollo en libertad, pero mientras todo ello sucedía, hace una semana fue aprehendido cuando la Policía volvió a allanar su domicilio por un robo al merendero del club Defensores del Oeste. Además de secuestrar elementos que guardan relación con la denuncia, se hallaron escondidos en el cielorraso bochitas de cocaína, un revólver calibre 22, balanzas de precisión y dinero.
Esto originó la apertura de una nueva causa judicial y una investigación por el robo y por la droga encontrada. Fue así que en la audiencia que se realizó el jueves pasado, la fiscal Natalia Bartolo le imputó los delitos de encubrimiento por los elementos robados del merendero, la supuesta tenencia ilegal de arma y la tenencia de la droga con fines de comercialización.
En la audiencia con el juez de Garantías, Ignacio Telenta, la Fiscalía requirió una prisión preventiva por 60 días para el acusado, pero el flamante magistrado dictó que ese tiempo se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, pero no en la vivienda allanada, sino que fue puesto bajo vigilancia de una hija que vive en otro punto de la ciudad y ordenó la colocación de una tobillera electrónica para conocer sus movimientos, publica El Día.
