La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento (en un fallo dividido) y los dejó a un paso de ser sometidos a juicio por el delito de asociación ilícita tributaria, publicó Páginajudicial. Sin embargo, el tribunal consideró que el embargo de 21 millones de pesos para cada uno de ellos era "desproporcionado" (sic), que el juez de primera instancia "no ha realizado una fundamentación suficiente" y mandó revisar ese punto.
La maniobra
La ex procuradora Alicia Ibáñez está acusada de ser integrante de una asociación ilícita tributaria, en complicidad con el abogado Izaguirre Ibáñez (su hijo) y los contadores, Morelli y De Araquistain, que serían los jefes u organizadores de la organización delictiva. En caso de ser condenados, podrían recibir penas de entre tres años y medio y diez años de cárcel.La organización delictiva habría funcionado entre septiembre de 2010 y mayo de 2015, desplegando una compleja maniobra contable que consistía en el ofrecimiento de certificados mellizos de retención a distintas empresas para que los utilizaran para cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones.
Las juezas Beatriz Aranguren y Cintia Gómez señalaron que "el análisis efectuado por el magistrado (de primera instancia, Pablo Andrés Seró) se sustenta en los antecedentes de la causa y en la prueba colectada, suficiente para el dictado de un auto de procesamiento, por lo que el mismo deviene ajustado a derecho".
El mecanismo
El juez Seró, cuando dictó el procesamiento de los profesionales, explicó que Izaguirre Ibáñez, Morelli y De Araquistain "tomaban datos de certificados de retención correspondientes a otras empresas y los ofrecían a ciertos contribuyentes que presentaban deudas ante el fisco como 'cesiones de crédito fiscal' (?) Una vez que concertaban la entrevista con el contribuyente, le ofrecían simular dolosamente el pago de las obligaciones tributarias mediante la compensación con estos certificados de retención apócrifos y por un porcentaje de la deuda, de manera que importaba una ganancia para ambas partes". En ese esquema, Alicia Ibáñez era quien "brindaba los datos de los contribuyentes que se encontraban en situación de deuda con la AFIP-DGI", decía el juez.Entre 2010 y 2015
Entre muchos, hay un correo electrónico que es revelador. Fue enviado desde el usuario "constructoradelnorte", del empresario Guillermo Gabriel Galeazzo e hijos, al usuario "doctorblois", que es Fabián Blois, ex abogado de Izaguirre, el 13 de agosto de 2008: "Hay que presionar así esté en Europa. La mamá tiene muy buena plata y sabés que vos podes presionar? fue la abanderada de la estafa".La investigación detectó que entre 2010 y 2015 se habrían realizado 4.927 operaciones irregulares, aunque los defensores aducen que "no existe ni un sólo comprobante, prueba o indicio" que involucre a Alicia Ibáñez ni al resto de los profesionales.
Denuncia anónima
La causa se inició a partir de una denuncia anónima que recibió la AFIP y que presentó ante la justicia federal el 23 de octubre de 2014. En el anónimo se advertía sobre la existencia de una tal Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas, denominada "Alianza Empresaria LTDA", que estaría involucrada en la venta de certificados de retención falsos para defraudar al fisco y cuyos integrantes serían Roberto Izaguirre y Luis Salvador Morelli.Nulidad
Ese es precisamente un motivo de discusión. En un principio, la denuncia se investigó en el marco de una causa contra el empresario Miguel Ángel Marizza, de la constructora Caballi SA, por el delito de simulación dolosa de pagos mediante una maniobra similar; pero luego se formó un expediente aparte, publicó Páginajudicial.Los abogados Sergio Avero y Damián Petenatti, defensores de Morelli, creen que el juez no tenía atribuciones para hacerlo él mismo, sino que debió correr vista al fiscal; por lo tanto, plantearon la nulidad de todas las actuaciones.
Argumentos
Las juezas Aranguren y Gómez consideraron que "el origen de la presente no constituyó una actuación oficiosa del juez federal, sino que la presentación de la AFIP-DGI se trató de un anoticiamiento, constituyéndose en uno de los modos posibles de provocar el avocamiento del juez de instrucción".En cambio, el juez Mateo Busaniche sostuvo que "el inicio de las actuaciones partió de la propia valoración del juez respecto a la configuración de un hecho delictivo, sin que haya existido requerimiento de instrucción fiscal", como lo prevén las normas y por eso consideró que correspondía hacer lugar a la nulidad. Esa posición quedó en minoría, pero la puerta quedó abierta.
