Cuando el Club denunció la situación que atravesaba se denunció una deuda de 22 millones de pesos, pero luego se presentó a concurso de acreedores y el número bajó considerablemente a 12,5 millones. Tras el paso por la Justicia la deuda que finalmente verificó el juez Figueroa fue de sólo 3 millones de acreedores honoríficos.
Pero volviendo a mayo de 2012, cuando todo esto estalló, se realizaron los allanamientos en la sede de calle España y en el estudio del presidente Leonardo Abraham, bajo la orden del por entonces juez de Instrucción, Arturo Dumón. En esa ocasión, y durante 16 horas de procedimiento, se secuestraron 114 cajas con material documental que posteriormente se almacenó en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Eduardo García Jurado. Este magistrado se había excusado en primer término y por ello la causa recayó en Dumón, pero este juez no aceptó esa excusación y todo terminó nuevamente en García Jurado.
Luego vino la implementación del Código Procesal vigente en Entre Ríos y todo terminó en las manos de los jueces de Garantías. Tres peritos contables pasaron hasta que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos designó a Florencia Ara para que se encargue del análisis numérico.
Pasó una contadora de Concepción del Uruguay que dio sus motivos y se excusó, luego pasó lo mismo con otra contadora de la jurisdicción de Gualeguay, que esgrimió tener mucho trabajo en su ciudad como para hacerse cargo de una causa tan pesada, y por último fue nombrada Diana Rossi, que debió excusarse inmediatamente por ser la esposa de Alejandro Briozzo, el presidente que sucedió a Abraham en Central Entrerriano.
Ara entregó su informe pericial tras finalizar la última feria judicial y desde ese tiempo hasta la fecha, Figueroa analizó la causa y decidió convocar a los 18 miembros de la Comisión Directiva investigada para que presten declaración a partir de septiembre.
El primero en declarar será Leonardo Abraham y luego seguirá el resto. Tras este paso judicial, será materia del magistrado evaluar la existencia de delito y deslindar responsabilidades. Por tratarse de una causa "residual", como se las llama a las causas iniciadas en el antiguo sistema judicial, podrían conocerse los posibles procesamientos y de persistir, serán llevados a juicio por una imputación que prevé penas de hasta 6 años de cárcel. (El Día)
