La fiscalía, compuesta por los doctores Juan Francisco Ramírez Montrull y Álvaro Piérola, solicitó la pena de 25 años de prisión por promoción de la corrupción de menores, agravada por el carácter de educador; además de pedir la prisión preventiva.
Tras exponer ante el tribunal, Ramírez Montrull dijo a Elonce TV que "se habló de cómo se entendía que se habían probado los hechos, detallando cada una de las situaciones vividas por las víctimas y mencionando cada una de las pruebas obrante en las mismas. También se habló de la calificación legal y de la pena solicitada por la Fiscalía respecto de Ilarraz". En tal sentido, Piérola explicó que le "atribuimos responsabilidad a Ilarraz por siete hechos que son las víctimas denunciantes y hemos solicitado 25 años de prisión de cumplimiento efectivo. Hemos entendido, razonado y brindado elementos al tribunal de por qué esa es una pena justa, de todas las agravantes que existen en este caso concreto y que tienen que ver con su posición de sacerdote, que tienen que ver con el ámbito en el que ocurrieron los hechos, que tienen que ver con cómo a él se le garantizó la impunidad durante tanto tiempo, con cierta protección que no permitió que este hecho se dilucide antes y que se tramiten en la justicia en su momento y no luego de 30 años".
Paso seguido, remarcó que también solicitaron la prisión preventiva de Ilarraz, "porque tiene sobrados argumentos o elementos para fugarse por lo que implica su capacidad económica, este arraigo dudoso de estar en Tucumán, en Concepción del Uruguay y en Paraná sin que sepamos dónde, hasta el día de ayer en que constituyó un domicilio".
Respecto a la declaratoria que realizó este miércoles el sacerdote, Piérola señaló que "manifestó su posición respecto de las acusaciones y entendemos que es absolutamente inconsistente como defensa".
Tras los alegatos de los fiscales se pasó a un cuarto intermedio, el cual se reanudó con la exposición de parte de la querella. Elonce.com