Mientras tanto, la escalada de ataques mortales no cesa en Rosario y esta semana ya hubo dos acontecimientos de alto impacto público. El lunes tres hombres fueron ejecutados a balazos en Granadero Baigorria cuando llegaban a la casa donde estaban viviendo.
Y el jueves un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que un grupo de personas abriera fuego en Dinamarca al 500 bis, en el sur de Rosario.
En lo que va del año ya se produjeron 74 homicidios dolosos en el departamento Rosario, de los cuales 21 se concretaron durante abril, un mes que marcó un pico en la saga de asesinatos.
Ante esta compleja coyuntura, el martes el propio gobernador Miguel Lifschitz suspendió toda su agenda oficial y se reunió con gran parte de su gabinete, funcionarios y fiscales para articular medidas que aplaquen la creciente ola de violencia.
Allí el gobernador instruyó a las fuerzas policiales que profundicen las investigaciones para quitarles poder de fuego a las bandas delictivas que están dirimiendo de manera violenta el control del territorio.
En ese sentido, fuentes del Ministerio de Seguridad adelantaron a La Capital que la semana próxima habrá en Rosario "numerosos allanamientos" en búsqueda de armas, para así estrechar el cerco sobre un grupo de personas con pedido de captura.
Ayer, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, encabezó una nueva reunión con fiscales y jefes policiales para analizar los hechos de violencia que se está viviendo en el Gran Rosario, definir estrategias y medidas para el cortísimo plazo.
Allí se volvió a coincidir en el diagnóstico: la saga de violencia de los últimos días se produce tras la sentencia a los líderes de la banda de Los Monos y lucha que están librando segundas y terceras líneas por el control territorial.
En ese sentido, en el Ministerio de Seguridad tienen identificados a unas 30 personas que aparecen "marcadas", con serio riesgo de ser atacadas en esta sucesión de venganzas.
A ellas se les ha ofrecido una custodia permanente, las 24 horas del día, en sus domicilios y para custodiarlos ante cada movimiento que hagan, para evitar cualquier cruce peligroso.
La denominada custodia de punto fijo, que hacia fines del año pasado tenían 34 personas en la región, demanda una erogación cercana a los 300 mil pesos mensuales al Estado provincial.
Aún así, gran parte de los hombres que están en peligro rechazan ese cuidado personalizado ofrecido, ya que implica dejar de lado vínculos con el delito y ajustarse a derecho.
"Para entrar en este programa no se puede ir a lugares de alta exposición pública y muy concurridos, como partidos de fútbol, boliches, y además se les exige que no tengan contactos con ninguna economía delictiva. Y ahí muchos lo rechazan", explicaron desde la gobernación.
En el Ministerio de Seguridad admiten por lo bajo que incluso esta política puede generar rechazo en un sector de la población santafesina, ya que demanda cuantiosos recursos del Estado para "cuidar" a miembros de bandas violentas atravesadas por el delito y la narcocriminalidad.
"El tema es que lo están haciendo de manera letal, afectando también a terceros inocentes. Y esos enfrentamientos repercuten en toda la sociedad. Hay que ponerle un límite a través de la prevención, la investigación criminal y la saturación policial en las zonas más conflictivas", agregaron.
