Policiales Venta de armas judicializadas

Empieza el juicio contra ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia

Antonio Vitali está acusado de ser el jefe de una organización que vendía las armas secuestradas que estaban en el depósito de tribunales. El juicio empieza hoy y los alegatos finales serán el 5 de abril.
Antonio Daniel Vitali, comenzará a ser juzgado como principal acusado de haber comandado una organización ilícita dedicada a la venta de las armas secuestradas en tribunales. Los alegatos finales serán el 5 de abril.

El tribunal estará integrado por Castagno, Chemez y Van Dembroucke. Los fiscales serán Juan Malvasio e Ignacio Aramberry.

El experito de Balística del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Vitali está implicado en las causas por el robo de armas secuestras en Paraná y Concepción del Uruguay además de la que le sumaron por Violencia de Género y Extorsión contra un funcionaria policial.

La causa se inició a mediados de febrero de 2016, cuando policías de la comisaría cuarta detectaron que un revólver que habían secuestrado en un procedimiento estaba en manos de un hombre que habían detenido durante un operativo de rutina.

La División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos comenzó una minuciosa investigación que culminó en mayo con la detención de Vitali, Maximiliano Bertoni, quien se desempeñaba en el Departamento Médico Forense como chofer, y de los vendedores Mario López Alonso y Eduardo Borgogno. Hubo otros implicados, pero fueron desligados.

Las escuchas telefónicas, más todo el trabajo investigativo y la declaración de los condenados apunta a Vitali como el hombre que dirigía la banda. Todos los condenados serán citados como testigos durante el juicio contra Vitali. Los condenados en abreviado

Tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua recibió Mauro Maximiliano Bertoni, empleado judicial acusado de sustraer armas de fuego que se hallaban depositadas en la sección "Efectos Secuestrados" del edificio de Tribunales. También resultaron condenados a prisión condicional Eduardo Borgogno (tres años), y Mario López Alonso, (un año y seis meses), acusados de actuar como intermediarios para la colocación de las armas en la calle.
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