Los jueces Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Natalia González, coincidiendo con el monto de la pena solicitado por el fiscal jefe Andrés Nelli, condenaron al sacerdote Juan José Urrutia como autor de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima y agravada por su condición de ministro de un culto religioso reconocido".
En su veredicto, los jueces sostuvieron que el imputado, "en su condición de presbítero, confesor y asesor espiritual" de la víctima, y valiéndose de la presencia autorizada del menor en el lugar, "abusó sexualmente de él luego de haberle convidado cerveza".
"Los abusos fueron cometidos aprovechándose de su condición pastoral y de la inmadurez sexual de la víctima, razones todas por las que ésta no pudo consentir libremente la acción", remarcaron.
El Tribunal precisó que el artículo 119, 3° párrafo, del Código Penal define que este tipo de abuso sexual se perfecciona cuando "hubiere acceso carnal" por cualquier vía, sin distinguir quién debe ser el sujeto activo ni el sujeto pasivo del acto sexual en sí.
Esto llevó a los jueces concluir que el imputado fue el autor material del delito, sin perjuicio de que, en los hechos, fue el sujeto pasivo del acto sexual, pues el acceso carnal fue un acto derivado del aprovechamiento de la edad de la víctima, quien, en consecuencia, no consintió libremente la acción.
Debido a que la sentencia no se encuentra firme y al no haberse solicitado el dictado de la prisión preventiva, el Tribunal dispuso medidas restrictivas de la libertad del imputado "bajo apercibimiento de ordenar su detención en caso de incumplimiento".
Ellas son: fijar domicilio, no mudarse sin conocimiento del Tribunal, presentarse a todo llamado judicial que se le efectúe, prohibición de salir del país sin autorización judicial y prohibición de tomar contacto de cualquier tipo con la víctima del caso ni con su grupo familiar.
Además, se notificó la sentencia al Obispado de la Iglesia Católica.
El joven que resultó víctima de los hechos que ahora tiene 21 años, radicó la denuncia penal cuatro años después del abuso, tras alcanzar la mayoría de edad.
Previo a eso el sacerdote ya había sido "suspendido del ejercicio ministerial público en la Diócesis" rionegrina, en virtud de una sanción canónica derivada de otro hecho por la realización de "actos impúdicos consentidos", según se acreditó en el juicio con la declaración testimonial que brindó por escrito el obispo Marcelo Cuenca.
Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y valoradas por el Tribunal están los informes psicológicos que sostienen la credibilidad del testimonio del denunciante y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), que resaltó la "necesidad de justicia para que esto no le pase a otros chicos" expresada por el joven.
El hecho -según la requisitoria de elevación a juicio- ocurrió en la localidad de Allen, cuando el religioso desarrollaba una tarea con jóvenes de la iglesia Santa Catalina.
Un año después, de manera intempestiva y sin dar explicaciones, la Diócesis del Alto Valle decidió retirar al religioso.
