Esta resolución, sumado al hecho de que ya está producida la totalidad de la prueba relevante, hace que la causa quede a un paso de ser elevada a juicio.
Los hermanos Tavi y Titi Celis están procesados como líderes de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde. Se encuentran detenidos, al igual que otras 21 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.
Ahora, la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva María Fernanda Orundes Ayala -pareja de Tavi Celis-, Miguela Fidelina Valde, Cristian Javier Silva, Patricio Facundo Larrosa, Renzo Bertana -hijo de una ex pareja de Tavi?, Yamila María José Corradini -pareja de Titi Celis-, Marcos Javier Velázquez, María Laura Zurita, Miqueas Julio Córdoba y Hernán Jesús Rivero.
El resto de los integrantes de la organización ya estaba bajo arresto -la lista comprende a Eduardo Ramón Celis, el padre; y Miguel Carmelo Leguizamón-, salvo una vidente que asesoraba a los dueños del campo donde aterrizó la avioneta.
El juez Leandro Ríos había procesado a los integrantes de la organización y esa medida fue confirmada, pero la Cámara Federal mandó a revisar la prisión preventiva porque consideró que el magistrado no había analizado la situación de cada uno al determinar las posibilidades que tenían de entorpecer la investigación.
Ahora, los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso confirmaron el arresto hasta el juicio para los integrantes de la banda liderada por los hermanos Celis, a pesar de que admitieron no compartir los fundamentos de Ríos.
"El encarcelamiento cautelar encuentra fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar agregar la especial gravedad del delito que se les atribuye a los imputados", terminó admitiendo el tribunal.
Concretamente, la gravedad de los delitos, la posibilidad de que reciban una pena elevada en caso de ser condenados y el hecho de que la causa está a punto de ser elevada a juicio fueron los puntos que destacaron los jueces.
Por último, resaltó el tribunal "el accionar organizado" que desplegaba la banda liderada por los hermanos Celis, "sumado a la eventual influencia que éstos pudieran ejercer sobre sus consortes de causa y los testigos que restan declarar en la instancia de debate", constituyen factores de riesgo para el esclarecimiento de los hechos. Se destacó también que la posibilidad del entorpecimiento de una investigación se produce también durante el juicio oral, que "por las características de nuestro sistema procesal, no podría efectivizarse sin la comparecencia de los encartados".
El 28 de mayo, alrededor de las 15, policías federales irrumpieron en un campo ubicado en Colonia Avellaneda donde un grupo de personas estaban descargando 317 kilos de marihuana de una avioneta hacia una camioneta.
Ese procedimiento marcó el punto final de una investigación que reveló un complejo entramado de vinculaciones y complicidades entre la estructura que encabezaban los hermanos Celis, con el poder político y con sectores de la Policía; y se sucedieron una serie de allanamientos y la detención de 23 personas.
Entre los detenidos se cuenta a los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, los cabecillas de la organización; también cayeron sus principales lugartenientes, Hernán Jesús Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, apodado Cebolla, jefe y subjefe Unidad Municipal 2 Oeste de Paraná; y Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes.
