En un comunicado, advirtió que "los fundamentos para procesar" a De Vido se basaron en una pericia realizada por el ingeniero David Cohen, "quien actualmente se encuentra imputado por falso testimonio".
Destacó, al respecto, que ese estudio "no sólo fue realizado de manera individual por Cohen, sino que tanto los peritos oficiales como de parte fueron impedidos de participar".
"A su vez, los informes teóricos presentes en el informe realizado derivaron en la ilusoria cifra millonaria que se ha venido repitiendo sin cansancio en los medios de comunicación, la cual ha sido desacreditada por gran cantidad de profesionales del rubro que ninguna relación tienen con nuestro asistido", aseguró la defensa.
También sostuvo que el juez dispuso el procesamiento de su cliente "con prisión preventiva a dos días de las elecciones generales legislativas nacionales, argumentando un supuesto peligro de entorpecimiento de la investigación o elusión, que durante los tres años previos jamás había vislumbrado".
"Los fundamentos citados por el magistrado para determinar una medida tan gravosa como la prisión preventiva de una persona que siquiera cuenta con un proceso firme en esta causa, ni una condena en ninguna otra, es un escándalo que de los dos lados del tablero actualmente está siendo criticado por aquellos que pretenden el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que deben regir en un Estado de Derecho", señalaron.
En este expediente, De Vido y su exmano derecha Roberto Baratta están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal".
En ese marco arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, y "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó el juez federal Claudio Bonadio al pedir su desafuero y detención.
Sin embargo, la fiscal federal Paloma Ochoa requirió que se investigue por supuesto falso testimonio a Cohen, el principal perito que intervino en la causa del gas licuado.
La denuncia fue presentada por el expresidente de Enarsa Walter Fagyas contra el perito, por supuestamente haber aportado información falsa e incluso plagiada de trabajos universitarios al expediente.
Además, lo acusó de utilizar parámetros que no eran los correctos para calcular cuánto debió haber pagado la Argentina en el período investigado y que habría realizado mal el cálculo "adrede".
El extitular de Energía Argentina SA afirmó que Cohen usó el parámetro llamado Henry Hub, que es un precio interno de Estados Unidos, y que no puede ser aplicado a importaciones para las que se requieren buques acondicionados para el transporte de GNL.
Tras el requerimiento fiscal y el pedido de realizar una serie de medidas de prueba por parte de Ochoa, el juez Daniel Rafecas será el encargado de decidir si pone en marcha esta investigación paralela.
