Policiales Ocho represores acusados

Pericias demoran el avance del juicio en la causa Área Paraná II

Un ex militar pidió que se realicen pericias caligráficas para determinar si es suya la firma estampada en las declaraciones que los detenidos políticos eran obligados a suscribir bajo tortura.
El juicio escrito por el que transita la causa Área Paraná II entrará en una especie de stand-by, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de suspender los plazos procesales mientras se realizan una serie de pericias solicitadas por la defensa del ex militar Alberto Rivas, acusado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Rivas era oficial instructor de los consejos de guerra, una especie de juicios militares que utilizó la dictadura para encubrir los hechos ilegales cometidos por todo el aparato clandestino de represión ilegal, y darle una apariencia de legalidad. Bajo ese procedimiento, alrededor de un centenar de personas fueron condenadas sin pruebas ni garantías entre 1976 y 1977 en la provincia.

Los detenidos políticos eran obligados a firmar declaraciones autoincriminatorias bajo tortura y luego eso se utilizaba como prueba en su contra.

El represor, que ya fue condenado por su rol como instructor de los consejos de guerra, solicitó la suspensión de los plazos procesales hasta que se remitan los originales y/o copias certificadas de esos expedientes para practicar pericias caligráficas a fin de determinar si las firmas estampadas en las actas donde constan las declaraciones de las víctimas le pertenecen o no.

La medida encuentra fundamento en el hecho de que en un juicio anterior se determinó que la mitad de las firmas que se le atribuyen no le pertenecían y, por ese motivo, el juez le dictó la absolución por esos casos, aunque esa exculpación fue revertida por la Cámara Federal, en la revisión de esa sentencia.

Esta vez la medida fue solicitada por los defensores oficiales que asisten a Rivas, como algo "indispensable" para ejercicio de una defensa técnica eficaz y, sobre todo, como parte del derecho "a examinar en todo momento las actuaciones, más aún la prueba de cargo" que pesa sobre el ex militar.

La jueza Beatriz Aranguren, que tiene a su cargo el plenario, había rechazado el planteo defensista, pero la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa determinación.

El reclamo fue atendido por el tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, bajo la consideración de que "permitiría a los defensores del imputado Rivas la preparación adecuada de su defensa" y para evitar "la afectación de garantías constitucionalmente consagradas, a saber, la defensa en juicio y debido proceso".

En esa línea, el tribunal dispuso que la defensa pueda acceder a los originales y/o copias certificadas del sumario del consejo de guerra "por el tiempo que estime pertinente", lo que obligará a paralizar la tramitación del juicio.

La causa
La causa Área Paraná II se inició en 2011 como un desprendimiento del expediente principal, que tuvo sentencia en diciembre de 2015.
En esta causa se investigan privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades en perjuicio de 22 víctimas, cometidos entre 1976 y 1977, y el homicidio calificado del soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece desaparecido.

El expediente tiene ocho imputados. Los ex militares Naldo Miguel Dasso, José Anselmo Appelhans y López Belsue están acusados por el secuestro, torturas y desaparición de Papetti. También están detenidos Rivas, Jorge Humberto Appiani, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano; mientras que el ex militar Guillermo Quintana está procesado, pero excarcelado.

La causa tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal ?vigente al momento en que se cometieron los hechos? lo que implica que las actuaciones son secretas en la mayor parte de su desarrollo y todas las decisiones, incluidas las condenas y/o absoluciones, las toma un solo juez y no un tribunal. (El Diario)

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