Policiales Y seis dirigentes de UPCN

En noviembre se inicia el juicio oral al exministro Ariel De La Rosa

El exministro de Salud entrerriano, Ariel De La Rosa y seis dirigentes de UPCN van a juicio por coacción agravada contra la directora del hospital Colonia de Diamante. Las figuras prevén penas que van de los 5 a 10 años de prisión.
El ex ministro de Salud Ariel De la Rosa y seis delegados de la Unión personal Civil de la Nación (UPCN), serán sometidos a juicio oral desde el 6 de noviembre, cuando serán juzgados por supuesta coacción agravada contra la directora del hospital Colonia de Salud mental de Diamante, Noelia Trossero.

Los sindicalistas imputados por presunta coacción son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio. A Barreira y Monzón también se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención realizaron advertencias a los policías que los detuvieron. El caso comenzó a principios de junio, luego de que la directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero, denunciara aprietes y amenazas por parte de dirigentes gremiales y del entonces ministro, para que reincorpore a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles.

A De la Rosa, en tanto, se le imputa el presunto delito coacción agravada y coacción agravada en coautoría. Las figuras penales que se les endilga a los siete imputados prevén penas que van de los 5 a 10 años de prisión.

Los fiscales Laureano Dato y Gilberto Robledo solicitaron la remisión de la causa a juicio en una audiencia del 7 de julio; en tanto que los abogados penalistas Marcos Rodríguez Allende (por parte de los seis sindicalistas) y Leopoldo Lambruschini y Julio Federik (por De la Rosa) pidieron el sobreseimiento de sus defendidos por entender que no cometieron ningún delito.

Luego de la feria judicial el juez Julián Vergara resolvió que los acusados sean juzgados en un juicio oral y público. Los fiscales sostienen que tienen acreditado que durante los días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de junio, la directora Trossero sufrió amenazas por parte de los dirigentes y del entonces titular de la cartera sanitaria.

El hecho

Todo comenzó cuando la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante decidió terminar el contrato de Yanina Migueles, enfermera y delegada de UPCN que tenía una suplencia extraordinaria desde 2013. Esa decisión fue comunicada a la trabajadora el 1º de junio. Anoticiados del caso, la cúpula de UPCN que dirige el diputado provincial del PJ, José Ángel Allende, decidió movilizarse al nosocomio para exigir la reincorporación de la trabajadora. Pero ese reclamo no se hizo en buenos términos, según la imputación fiscal, sino que hubo aprietes y amenazas para que la funcionaria pública dé marcha atrás con su decisión.

Los fiscales también cuentan con pruebas que comprometen al ex ministro De la Rosa, quien, dada su ligazón con el gremio de UPCN, también habría amenazado por teléfono a la directora Trossero. De la Rosa dejó la cartera sanitaria el 9 de junio, al enterarse de su imputación.

El argumento que esgrime el ex funcionario es que sólo ordenó, mediante una resolución, que la directora del Colonia restituya en su cargo a la enfermera.

Los sucesos principales se dieron el miércoles 7 de junio, cuando dirigentes de UPCN protagonizaron los incidentes de público conocimiento. Ese día fueron detenidos Fabián Monzón, Carina Domínguez, Zunilda Suárez, José Zarza y Guillermo Barreira. El 9 de junio quedaron en libertad Domínguez y Suárez, mientras que a los demás el juez de Garantías les impuso 15 días de prisión preventiva domiciliaria, recapituló Entre Ríos Ahora.

Tras la renuncia de De la Rosa, el gobernador Gustavo Bordet designó en su reemplazo a Sonia Velázquez, quien juró el lunes 12 de junio. La nueva titular de la cartera sanitaria decidió, entre sus primeras medidas, la reincorporación de Migueles, tal como lo había ordenado De la Rosa. Por otra parte, también define abrir una investigación administrativa en relación al presunto mal desempeño que se le reprocha a la trabajadora.

Unos días después, el 22 de junio, la cúpula de UPCN emite un durísimo comunicado en el que piden al gobernador Bordet que cese la "judicialización" de la protesta sindical y solicitan que liberan a los "presos políticos", bajo la amenaza de no firmar el acuerdo salarial que estaba en plena negociación. Dos días después son excarcelados los dirigentes Monzón, Barreira y Zarza; y el gremio rubrica el acuerdo salarial.

El 27 de junio, durante un acto en el club Olimpia de Paraná, la dirigencia anuncia que recurrirían con el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por entender que las detenciones fueron "arbitrarias e ilegítimas". Al día siguiente ingresa en la Cámara de Senadores un proyecto de declaración en repudio a UPCN por los hechos acaecidos en Diamante. La iniciativa es presentada por Cambiemos y pasa a comisión con el voto de dos legisladores del FpV. Aún no fue tratada en el recinto de la Cámara Alta.

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue concluida por los fiscales en los primeros días de julio, cumpliendo los 30 días de instrucción para los casos de flagrancia, y el 7 de ese mes solicitan la elevación de la causa a juicio. Este miércoles el juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, hizo lugar a la petición. (Fuente: Análisis)

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