Al dar a conocer la sentencia en forma íntegra, la presidenta del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y designada para realizar el primer voto, María Angélica Pivas, resaltó "el daño ocasionado" por el imputado, no fue solo a los menores víctimas de ataques sexuales sino "que ha atravesado a todas las familias involucradas por los graves hechos ilícitos".
Por esta razón, familiares de todos los menores damnificados decidieron junto a su abogado querellante, Mariano Navarro, iniciar una demanda civil por Daños y Perjuicios al expárroco colombiano, a la Iglesia Católica y al Arzobispado de Paraná. Para avanzar con esta acción primero se debe sortear una instancia de mediación, según se confirmó a UNO. En la semana las familias firmaron un poder avalando la demanda, y se estima que la misma avance en los Tribunales de Nogoyá.
"Vamos por un resarcimiento económico. Lo ideal sería la reparación del daño, volver las cosas al estado anterior. En este caso es imposible, porque estás hablando de chicos que son víctimas de abuso por parte de una persona mayor de edad y que estaba encargado de su guarda. Él -en referencia a Escobar Gaviria- introduce en el inicio de su vida sexual hechos que interrumpieron el normal desarrollo. Es decir que nosotros no sabemos cómo podría haber sido su vida sexual. Es algo que nunca más se va a poder corregir", aseguró en declaraciones a UNO el querellante Navarro. Las conductas depravadas del cura que se autoproclamó "sanador" dejaron su huella: todos los chicos padecen problemas psicológicos y sus relaciones familiares quedaron afectadas.
"El daño es enorme, no lo he cuantificado", agregó el profesional. El abogado sostuvo que será -hasta el momento- la primera y única demanda por Daños y Perjuicios en la provincia, dado que las causas que surgieron por denuncias de pedofilia contra Justo José Ilarraz y Marcelino Moya "pueden estar prescriptas", argumentó Navarro. Y acotó que en este caso "fueron abusados hasta el día de la denuncia".
"Nos devastó"
Silvia Muñoz todavía trata de asimilar la condena por pedofilia que condenó a Juan Diego Escobar Gaviria. Dijo sentirse satisfecha por el fallo judicial, pero más que nada por la valentía de su hijo que se animó a denunciar lo que pasaba puertas adentro de la parroquia San Lucas Evangelista en Lucas González. Aunque se lamentó porque en el pueblo siguen hostigando a su familia: "Acá la sociedad nos sigue juzgando, sobre todo los seguidores del cura, nos trata de mentirosos". Sostuvo que después del juicio cambió de opinión respecto a la Iglesia como institución y que por ello avaló la presentación civil contra el Arzobispado que se formalizará en los próximos días. "No pensé que iba a ser tan jodido enfrentarse con la Iglesia. No les molesta tanto que les saquen a un cura, les molesta más que les toquen sus bienes. Les demostramos que valemos algo", dijo dolida.La mujer aseguró que en estos días mantuvo contacto telefónico con las autoridades del clero de Paraná, con el propósito de gestionar una audiencia con el arzobispo Juan Alberto Puiggari. Su intención es plantearle al prelado el estado clerical de Escobar Gaviria. "Mi preocupación es que el cura sigue con el hábito, sigue cobrando", afirmó. Al parecer la conducción de la Iglesia estaría dispuesta a acceder al pedido, aunque todavía no se ha fijado una fecha de encuentro. El marido de Silvia fue despedido en febrero de una cerealera de Lucas González, por una supuesta discapacidad. "Les pedí un trabajo pasivo, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Todo esto nos devastó", señaló.
El antecedente de Storni en Santa Fe
La Justicia resolvió que el Arzobispado de Santa deba indemnizar con 756.000 pesos al exseminarista Rubén Descalzo, quien abandonó la carrera religiosa tras sufrir explícitas insinuaciones e intentos de abuso sexual por parte del exarzobispo santafesino Edgardo Gabriel Storni e inició en 2004 una demanda por daños y perjuicios.La sentencia impartida por la jueza Beatriz Forno de Piedrabuena, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación, fijó un resarcimiento económico para la víctima calculado en base a 100 salarios mínimos. Se trató de un fallo histórico en nuestro país al ser la primera condena civil a la Iglesia. "Fueron muchos años de espera; 25 años desde que sucedieron los hechos y 15 desde que empezamos con este proceso judicial. Esperar pacientemente durante tanto tiempo que se termine un tema, cerrar algo que te llevó la mitad de la vida, de alguna manera te genera satisfacción", confesó el denunciante.
Uno.
