El 5 de octubre de 2016, Vitali solicitó que se le reconozcan años de cadete becado; mientras que el 30 de mayo pidió un reconocimiento extraprovincial y la jubilación ordinaria común. El expediente es el N° 1896711 y desde el 12 de septiembre espera la firma del titular de la Caja. Hay quienes aseguran que el mismo ya fue rubricado, aunque ese dato no pudo corroborarse.
Vitali está imputado en el marco de la causa por sustracción de armas y otros elementos que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del Edificio de Tribunales de Paraná. Esta causa se abrió en mayo de 2016 y está a cargo del fiscal Ignacio Aramberry.
Además, el perito fue procesado el 23 de agosto pasado por el juez de Transición Nº2, Pablo Nicolás Zoff, en otra causa por el supuesto robo de armas ocurrido entre los años 2008 y 2011. Esta última causa está en manos de la fiscal Laura Cattáneo, quien le imputa supuesto delito de peculado y falsificación de documentos judiciales.
El apuro de Vitali para jubilarse es el mismo que han demostrado otros funcionarios con causas que podrían privarlos de ese beneficio previsional. Y es que si Vitali recibe una condena que contemple una inhabilitación vería afectado su derecho a acceder a la jubilación.
El artículo N° 56 de la Ley 8.732, de jubilaciones, establece que: "Será suspendido en el goce de la jubilación o pensión el beneficiario que hubiera sido condenado a inhabilitación absoluta mediante sentencia definitiva en los casos y límites previstos en los arts. 12 y 19 del Código Penal".
Precisamente, el inciso N° 4 del artículo 19 del Código Penal señala que la inhabilitación absoluta importa: "La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión".
Como en los casos del exjuez y el legislador, según fuentes judiciales, el trámite de Vitali se mueve con rápidez, sobre todo teniendo en cuenta que este proceso, para cualquier trabajador, puede llevar un tiempo considerable de espera.
Una vez que se le apruebe el beneficio jubilatorio, este se convertirá automáticamente en un 'derecho adquirido', es decir, que una condena -por inhabilitación- no podrá suspender o invalidar su jubilación. Esto se debe al principio de la irretroactividad de la ley. (EntreRíosAhora)
