Policiales Condicional

Pidieron 3 años de prisión para dos ex ministros del gobierno de Montiel

Rubén Villaverde y Enrique Cabó, ex titulares de las carteras de Acción Social y Gobierno, respectivamente, están imputados por el delito de fraude a la administración pública. El veredicto se conocerá el miércoles 13 de septiembre.
La fiscal Carolina Castagno solicitó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para dos ex ministros de la última administración de Sergio Montiel. Rubén Villaverde y Enrique Cabó, ex titulares de las carteras de Acción Social y Gobierno, respectivamente, están imputados por el delito de fraude a la administración pública. Ambos llegaron a debate después de 14 años de iniciada la causa, por una denuncia del ex gobernador Jorge Busti. Al juicio oral también llegó como imputado el ex ministro de Economía, Oscar Berón, pero el lunes se acogió al instituto de juicio abreviado y aceptó una pena de 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La investigación penal ventiló la firma de un supuesto decreto antedatado, por el cual se pasó a planta permanente a 16 trabajadores de la administración pública que cobraron una especie de doble haber. Sin embargo, ese dinero fue descontado posteriormente de los sueldos hasta que el erario provincial lo recuperó casi en su totalidad. Las defensas técnicas alegaron cuestiones políticas y rechazaron toda acusación.

Los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones Alejandro Grippo, Elvio Garzón y Pablo Vírgala, darán a conocer el veredicto recaído en una causa por fraude a la administración pública, que tiene como imputados a dos ex ministros de la última administración de Sergio Montiel. La resolución judicial se conocerá el miércoles 13 de septiembre a las 12.30.

El debate comenzó el lunes y se extendió a lo largo de toda esta semana, cerrando la etapa de producción de prueba este viernes, con los alegatos de partes. En ese marco, la fiscal Castagno pidió penas de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un castigo similar ofreció al tercer imputado, Oscar Berón, quien solicitó acogerse al instituto de juicio abreviado y aceptar el delito.

Lo que se discutió es la firma de un supuesto decreto antedatado, el 2136/02, por el cual se pasó a planta permanente a 16 trabajadores de la administración pública, quienes estaban desempeñándose con contratos de locación y hasta planes sociales en algunos casos. La resolución llevó las firmas de los ministros mencionados y del extinto ex gobernador Sergio Montiel. El decreto fue publicado en mayo de 2003, por lo cual la acusación considera que se utilizó un número reservado del año anterior, y con lo cual se habría perjudicado al erario público en una suma que no llega a los 60.000 pesos.

Por otro lado, los defensores técnicos Fernanda Tardelli, en representación de Villaverde; y Alejandro Carbó en representación de su hermano Enrique, hablaron de una "causa política". Señalaron que la denuncia presentada por Busti fue unos días antes de las elecciones de 2003, y que buscó un "impacto" en la sociedad con "fines electorales". En el mismo sentido, sostuvieron que cuando Busti asumió la Gobernación "se olvidó" de su denuncia y que la provincia empezó siendo querellante particular en la causa pero luego se retiró. Resaltaron además que ningún organismo de control hizo un llamado de atención sobre tal decreto y apuntaron que no hubo perjuicio al erario provincial.

Reservados

Según la acusación fiscal, en mayo de 2003, los ex ministros y su jefe político Montiel "insertaron la fecha 31/05/02 en un decreto reservado, en mayo de 2003, para que 16 personas pasadas a planta permanente percibieran los haberes con un año de antelación". Castagno sostuvo que "se superpusieron pagos con retroactivos y con ayudas económicas, lo cual significó un perjuicio de 57.990,11 pesos".

Para el MPF, el decreto además exceptuó la disposición que suspendía la designación de personas y contratos en la órbita de la administración pública. Los fundamentos eran de Acción Social, el área en la que fueron efectivizados los trabajadores. "Decían que era para regularizar el sistema de revista de personal que hacía años se desempeñaba", acotó la fiscal. Cuestionó además que haya sido un "trámite directo", obviando pasar por áreas como Fiscalía de Estado, y dijo que mientras tanto, en ese lapso de tiempo, los contratos de locación se siguieron renovando. Aunque el decreto establecía dejar sin efecto tales contratos. "La orden de pago fue emitida en agosto de 2003.

"No es competencia de los ministerios fechar ni numerar los decretos, no se discute eso. Pero la acusación consiste en probar que la fecha fue antedatada. En un cuaderno secuestrado se advierte el desorden en las fechas de decreto. Ese decreto fue antedatado para favorecer a empleados y regularizar el sistema de beneficiarios de planes, a pocos meses de terminar la gestión", subrayó Castagno.

Por eso acusó a Villaverde de autor y a Carbó de partícipe necesario para concretar un fraude a la administración pública por administración infiel. "No existen dudas del dolo y no hay atenuantes, aunque al momento de formular el pedido de pena considero el largo proceso penal", asentó. (Fuente: Análisis)

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