Policiales Investigación

Denuncian que las víctimas del Próvolo no reciben asistencia psicológica

Los querellantes solicitarán nuevamente al Gobierno que colabore con sus defendidos, ya que son personas con diferentes discapacidades y en situación de vulnerabilidad.
Desde que los casos de abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo sacudieron a la provincia en noviembre pasado, los abogados y organizaciones sociales hicieron hincapié en la importancia de la asistencia psicológica que debían recibir las víctimas. Este martes, luego de 6 meses, volvió a reflotar el mismo pedido al Gobierno de Mendoza.

De los 27 casos de personas sordomudos e hipoacúsicos confirmados por la Justicia y las casi 100 denuncias que restan en la lista por corrupción de menores en el instituto religioso, son pocos los que cuentan con la contención psicológica y psiquiátrica ante tan aberrantes hechos ocurridos durante décadas.

Esta falta de acompañamiento ha derivado en que las víctimas ?adultos y menores- hayan recurrido a diferentes alternativas para alivianar la doble situación de victimización a las que fueron expuestos sin elección: el abuso propiamente dicho y la exposición de los casos que, en algunos momentos, fueron puestos en duda.

Los abogados defensores contaron a El Sol que enviarán "a la Legislatura, Arzobispado, Ministerio Público y a todos aquellos que corresponda" la petición de un cuerpo de profesionales que estén a la altura de las circunstancia y la movilidad, ya que muchos de ellos viven en zonas rurales alejadas y que además no disponen de recursos.

Juan Dantiacq, uno de los enviados de la ONG Xumek y que tiene a su cargo 14 casos de abuso sexual, señaló que "el Ministerio de Salud, cuando estaba (Rubén) Giacchi, prometió que nos ayudarían con los traslados y la asistencia psicológica. Pero eso no ocurrió, así que hoy mismo se lo pediremos a todas las instituciones que corresponda".

Por su parte, Oscar Barrera, defensor particular de cuatro víctimas, indicó que dos sus representados no han recibido esta colaboración, que "debería ser puesta por el Estado".

En diciembre del año pasado, la vicegobernadora, Laura Montero, aseguró a los medios que las personas que contribuyeran con el caso tendría el apoyo de la Defensoría del Discapacitado, del Ministerio de Seguridad y el de Salud.

En esta ocasión indicó a El Sol que pudo haber habido "un déficit" en el transcurso de la investigación que tiene como imputados a dos sacerdotes, una monja y tres administrativos, y que será ella misma la que va a intervenir para revertir esta situación. Mientras tanto, aconsejó que todos los que necesiten asistencia del Gobierno la soliciten para que pueden actuar "inmediatamente".

"Quiero saber todo lo que ocurre con esta megacausa que cada vez sorprende más y más. Y, en todo lo que esté a mi alcance voy a contribuir como lo hice desde un principio. Hoy mismo me voy a comunicar con (Elizabeth) Tula (Liberal), de Salud Mental, para saber en detalle lo ocurrido", indicó Montero, que también destacó las acciones del Gobierno provincial para que la causa diera con todos los culpables y cómplices sin importar su cargo.

Los siguientes pasos en el caso Próvolo

La defensa de la monja Kosaka Kumiko, imputada por ser partícipe primario en tres casos de vejaciones y corrupción de menores, pedirá la libertad de la japonesa en el Juzgado de Garantía, este miércoles a las 9.

En caso de que el pedido sea rechazado, lo más probable es que soliciten la detención domiciliaria de la religiosa que se encuentra en el penal de Aguas de las Avispas.

"Esperemos que se cambien los horarios solicitados por la defensa de Kumiko porque tenemos una cámara Gesell, y es necesario que estemos toda querella presente en tribunales provinciales", indicó el abogado Barrera.
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