El denunciado es el médico José María Rodríguez, ex director del Hospital Materno Infantil San Roque durante la última dictadura cívico-militar, y el asunto excede el marco de un simple conflicto familiar.
La denunciante es Norma Beatriz Rodríguez, una mujer de 78 años que nació en Paraná pero vive desde hace más de cincuenta años en Buenos Aires. Ella es licenciada en Sociología. Es una mujer enjuta, de finos modales, amplio léxico y dueña de una fuerte personalidad, que puso a prueba cuando contradijo el mandato familiar que le imponía volver a la casa paterna para asumir los quehaceres domésticos. Eso le costó, en sus propias palabras, ser "expulsada y desposeída".
Desconocida por su hermano
El caso está siendo investigado en la Justicia provincial, basado en una denuncia presentada por la mujer a raíz de que su hermano omitió declararla como heredera en el juicio sucesorio que se inició tras la muerte de la madre de ambos. Allí se consignó que el hombre habría transferido campos y propiedades para insolventarse. Además, la mujer presentó una denuncia por lavado de activos ante la Unidad de Información Financiera (UIF), como parte del mismo entramado.La historia parece extraída de una película y podría contarse en capítulos, desde la década del sesenta hasta nuestros días, con un final incierto.
Allá lejos
El inicio del conflicto podría ubicarse en la década del setenta."En mi familia no había contrato; cuando hablo de contrato me refiero al contrato esencial entre las personas. Lo que predominaba eran los actos perversos e ilegales, donde cualquier cosa era posible", explicó la mujer, en diálogo con El Diario. "Mi familia era una estructura de hombres, organizada para beneficiar a los hombres; y las mujeres tenían dos servicios: reproducir las familias y ser servidoras. Como la servidora actual, que era mi madre, se jubilaba porque envejecía, yo debía ser la nueva servidora, una servidora ilustrada, porque tenía título universitario, que podría educar a los hijos de mi hermano y llevar la casa", agregó.
Alejada de la familia
La mujer ejerció su rebeldía, desoyó el mandato familiar y cortó las relaciones. Apenas mantenía intercambios epistolares con su padre, hasta 1982, cuando hablaron por última vez. Tampoco con su hermano tenía relación: no se hablaron entre 1970 y 2009, según contó.Así, por ejemplo, no se enteró de la muerte de sus progenitores, el padre en 1987 y la madre en 1995; ni se presentó en ninguno de los expedientes sucesorios, con la salvedad de que en el primero fue denunciada como descendiente en el escrito inicial, pero al no concurrir, fueron la madre y el hermano quienes se repartieron los bienes; mientras que en el segundo, el hermano declaró que no conocía la existencia de otros herederos o sucesores y fue declarado como único heredero en 2001.
El camino judicial
El asunto se judicializó en abril de 2013, cuando Norma Rodríguez se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial Número 3 solicitando que se amplié la declaratoria de herederos para acceder a la porción de bienes que le correspondía respecto de la madre.Antes, en 2009, los hermanos habían vuelto a tomar contacto después de mucho tiempo. "Hablamos por teléfono como veinte minutos, hasta que le toqué el tema de los bienes, entonces mi hermano me dijo que eso era imposible y me cortó. A partir de ese momento, me cortó todos los puentes: inhabilitó el teléfono y tampoco me respondía las cartas que le escribía", recordó la mujer. Según ella, José María tampoco le contó que sus padres habían fallecido y recién lo supo en 2012.
Reconocida como heredera
Lo cierto es que en diciembre de 2013 el juzgado amplió la declaratoria y la reconoció como heredera.La disputa por los bienes, sin embargo, sigue hasta estos días. Eso porque José María y su hijo del mismo nombre, "actuando de común acuerdo y en connivencia, habrían simulado la venta por parte del primero hacia el segundo de los nombrados, de dos inmuebles", cuya extensión sería de
187 hectáreas en El Espinillo, según consta en la denuncia que la mujer presentó ante la fiscal Patricia Yedro. La operación se concretó, según la escritura firmada ante un escribano público, el 9 de agosto de 2013, es decir, con posterioridad a que Norma solicitara la reapertura del juicio sucesorio.
Del mismo modo, el hombre habría vendido a una sociedad otro campo de 250 hectáreas, también en la zona de El Espinillo. En ese caso, según la denuncia presentada ante la UIF, la venta se habría realizado a precio vil, ya que los compradores habrían pagado un precio menor al avalúo fiscal y que sería cinco veces más bajo que el valor de mercado.
La historia promete nuevos capítulos y el final todavía es incierto.
