El edicto con el listado complejo de los dueños y tipos de unidades, fue publicado en el Boletín Electrónico de la Municipalidad de Paraná.
Allí se plantea que conforme a las actas de infracción cuyos números y fechas se especifican; que tramitan en los Juzgados de Faltas y Secretarías que en cada caso corresponden, “se notifica, cita y emplaza a quien se considere propietario, tenedor, titular registral o que se considere con derechos de rescate, a dar cumplimiento con lo dispuesto por los Artículos 4° a 7°) de la Ordenanza 9.184; para que dentro del plazo de 10 (diez) días, proceda a retirar el motovehículo”.
Para ello, previamente se deberán pagar todos los gastos y multas, debiendo acreditar la condición legal que invoque.
La medida busca regularizar la acumulación de motovehículos que saturan los depósitos municipales y de la Policía de Entre Ríos.
En el listado se puede apreciar que hay unidades que están secuestradas desde 2014, y llegan hasta 2020 inclusive. Claro está, en todos los casos, las actas datan de más de seis meses de antigüedad.
Hay motos de las marcas Appia, Bajaj, Betamotor, Brava, Motomel, Cerro, Corven, Gilera, Guerrero, Honda, Keller, Imsa, Mondial, Zanella, entre otras.
Se estima que hay alrededor de 5.000 unidades en esos lugares. Con el valor de las multas actualizadas, y del canon por derecho de estadía que se suma cada día, los valores de rescate suelen ser mayores al valor mismo de la moto. Por ello quedan olvidadas en los depósitos.
La situación se viene repitiendo desde hace varios años, del mismo modo que iniciativas legales tendientes a dar beneficio a los motociclistas, en cuanto a planes de financiación para la recuperación de unidades.
Con la implementación en 2013 del Régimen de Descontaminación y Compactación, el gobierno municipal pudo apelar a resolver transitoriamente estas situaciones periódicas de colapsos de depósitos.
Precisamente, la situación alcanza a todos aquellos vehículos que hayan sido materia de secuestro por la autoridad municipal, y que se encuentren en tal situación por un período mayor de seis meses desde la fecha de operativo, sin que hayan sido reclamados por personas que acrediten la titularidad de los mismos o derecho a su rescate.
Es por ello que tal como afirma la norma, los automotores o sus partes están en lugares de dominio público en “evidente estado de desuso, inmovilidad y/o abandono”.
Ya secuestrados y no rescatados, en los casos en que se desconozca la titularidad del dominio de los vehículos, o cuando éstos o las partes de ellos no sean aptos para rodar o no se puedan identificar por su estado de destrucción total o parcial, la autoridad de aplicación dispondrá directamente la compactación de los mismos, previo a su disposición final en calidad de chatarra.
Meses atrás, en junio, se realizó el último proceso de compactación de motos retenidas por infracciones. Habían sido unas 2.500, alojadas en el depósito policial, y el material se anunció, sería vendido como chatarra, para destinar lo recaudado a una cooperativa de recicladores.
En esa oportunidad, según se había informado, se compactaron 2.500 unidades que llevaban más de diez años alojadas en el depósito ubicado en calle Croacia, ex Promin.
Precisamente, esa intervención se llevó adelante a través del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Vehículos (Pronacom), tal como dispuso la Ordenanza Nº 9.099.
Ello sucedió al no haber sido reclamadas las unidades dentro de los plazos que establece la ley, lo que habilita a la Municipalidad a proceder a su descarte. Cumplidos los procesos legales y todos los trámites administrativos, notificaciones y publicaciones de edictos, se procedió a compactar los motovehículos a fin de liberar espacio.
Fuente: Uno
