El 24 de mayo el río se encontraba en 78 centímetros, pero en la última semana volvió a descender, profundizando el preocupante fenómeno que ya lleva más de un año en la región, con las consecuentes pérdidas económicas y ambientales.
Además, el río bajó 3 centímetros en Diamante, donde está en 0,86 este sábado y se mantiene al igual que el viernes en 1,6 metros en Victoria.
La bajante del Paraná lleva más de un año y está previsto que se prolongue los próximos meses, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA).
Pérdidas
Los perjuicios económicos de la sequía se viven con intensidad desde el año pasado en rubros como la industria pesquera y el transporte de granos, al punto que este sector calculó sobrecostos de 240 millones de dólares durante la cosecha gruesa (así lo planteó un informe técnico de la Bolsa de Comercio). A estoy hay que sumar los costos en términos ambientales.“Las condiciones de sequía inciden en la propagación de los incendios en las islas porque hay menos agua que pueda hacer las veces de cortafuego. La bajante por sí misma no produce las quemas porque es parte de la dinámica del río, el tema es cuando entra en juego con otras intervenciones: el fuego aparece por intervención humana en todo el sistema de humedales, no solo en el delta que es su porción final”, manifestó la antropóloga Laura Prol, integrante del Taller Ecologista de Rosario, a La Capital.
“Por eso insistimos tanto en la Ley de Humedales, que hoy está frenada en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la nación. Hemos hecho solicitudes para que nos den una reunión, para que escuchen nuestra posición, y hasta el momento no tuvimos respuesta”, advirtió Prol.
La antropóloga admitió que les preocupa el regreso de las quemas desenfrenadas del año pasado y se preguntó a qué estrategias apelan el gobierno federal y los gobiernos provinciales para monitorearlas y prevenirlas.
Prol también reclamó que se aplique el Plan Integral Estratégico para la conservación y el aprovechamiento de la región Delta del Paraná (Piecas), que diseñaron en conjunto Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires -junto con el Estado nacional- en 2014. Este programa de ordenamiento territorial impide realizar intervenciones que alteren o degraden los ecosistemas del humedal.
