Paraná Presentaron un amparo judicial

"Vamos a pelear por nuestros derechos", aseguró una trans por contratos caídos

"Paraná fue el primer municipio al que seis personas ingresaron a trabajar con un contrato de servicio", valoró trans Iara Quiroga a Elonce TV. Zuani reconoció que la baja de contratos "fue una irresponsabilidad"
Un grupo de seis personas trans presentó un amparo judicial contra la Municipalidad de Paraná por la no renovación de los contratos que habían sido firmados en el marco de un relevamiento que se hizo de la población trans en la ciudad.

"Paraná fue el primer municipio al que seis personas ingresaron a trabajar con un contrato de servicio, sin tener cupo laboral, y por una iniciativa que viene del relevamiento en que el que se trabajaron un montón de avances. Para la comunidad trans fue algo histórico porque era una deuda eterna que tenía el Estado para con nosotras", evaluó la trans Iara Quiroga en A Media Mañana el programa que se emite por Elonce TV.

"Las compañeras trans, la única salida económica que tienen para subsistir es la prostitución y más allá que algunas puedan elegirlo, no todas lo quieren hacer", explicó, al bregar por "el derecho a decidir, el poder elegir".

"Fue innovador producto de una lucha en la que se avanzó entre las compañeras que venimos haciéndonos visible por un trabajo digno, para dignificar mi vida de a poco", evaluó Quiroga.
Se recordará que hacia febrero de 2017, para el Relevamiento de la Población Trans, la Municipalidad de Paraná suscribió un Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuyo objeto fue "recabar información sobre ese colectivo y, de esta manera, conocer sus condiciones de vida y sus características sociodemográficas". En el convenio se estipuló que las personas trans sean contratadas bajo la modalidad excepcional de pago único por la suma de 10 mil pesos a cada una.

Mientras que el 25 de febrero de 2019, la Municipalidad de Paraná realizó, por decreto, la contratación bajo la modalidad de contrato de locación de servicio de seis personas del colectivo trans.

"Trabajé hasta que quedó sin efecto mi contrato y no me lo quieren renovar", indicó.

"Nos queda esperar como toda la vida lo hicimos pero esta vez no nos vamos a quedar quietas. Estamos hechas de paciencia por eso vamos tranquilas pero vamos a reconocer nuestros derechos", sentenció.
Por su parte, la concejal María Marta Zuiani quien acudió en representación de las integrantes de las trans que presentaron un amparo judicial contra la Municipalidad de Paraná, explicó: "Fueron seis personas que el municipio contrató en 2018 para realizar un relevamiento sobre la población trans en Paraná. Recibieron las capacitaciones para llegar hacia la población y recabar la información necesaria para después determinar políticas públicas. El proyecto finalizó con muy buenos resultados, y después se tomó una acción positiva por parte del Municipio para la contratación por contratos de servicios con importes y obras sociales".

"Fue una contratación específica de estas seis personas por el excelente trabajo que habían realizado a través del relevamiento. Ingresaron al municipio a trabajar, al área de Desarrollo Social, donde era necesario ver que el Estado estaba incluyendo para también empezar a crear una sociedad un poco más equitativa", resumió.

Y continuó: "La población trans, por las condiciones de vida que han tenido, nunca podrán ser los mejores porque no han tenido acceso a la educación. Por eso, es el Estado el que debe dar el primer paso en decir `les ofrecemos los ambientes cómodos y necesarios para que pueda haber educación´ porque cuando manifiestan su identidad de género son excluidos del sistema escolar".

Al explicar cómo se resolvió la no renovación de sus contratos, Zuiani comentó que "fueron incluidos en un decreto de más de 400 personas, siendo que la situación de ellas es totalmente distinta porque hablamos de una población vulnerable y sus derechos deben ser reconocidos porque tienen garantía constitucional".
Consultada a la concejal por la no renovación de contratos municipales, ésta reconoció que "fue una irresponsabilidad, y es un práctica política que lamentablemente se viene desarrollando desde hace varios años, no solo desde esta gestión".

"Son prácticas que deben erradicarse porque dejamos de mirar a las personas en sus necesidades básicas y generamos estos climas que no tienen resolución porque tampoco hay presupuesto", explicó.

"El Estado debe guardar un equilibrio fiscal entre lo que tiene previsionado y lo que puede gastar, pero Iara y sus compañeras, además de Matías, no fueron contratadas por una cuestión política sino, por un reconocimiento al trabajo que realizaron y una acción afirmativa positiva del Estado en el reconocimiento de derechos humanos", destacó.

Mirá la entrevista completa:
Video: "Vamos a pelear por nuestros derechos", aseguró una trans por contratos caídos
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