Paraná Denunciada por PAMI en 2015

Graves lesiones tras operación de cataratas: Oftalmóloga pedirá sobreseimiento

Tras someterse a una operación de cataratas, varios pacientes padecieron graves consecuencias en la visión. En 2017 el caso se resolvió con la suspensión del proceso a prueba. Cumplido el plazo, la profesional pedirá el sobreseimiento.
La oftalmóloga Alejandra Desio pedirá que la Justicia le dicte el sobreseimiento en la causa que se vio involucrada en 2015 a raíz de la denuncia de pacientes que, tras someterse a una operación de cataratas, soportaron graves consecuencias en la visión.

En la Justicia, el caso se resolvió en 2017 con la suspensión del proceso a prueba. El acuerdo consistió en la realización por parte de Desio de 96 horas tareas comunitarias y el pago de indemnización a los 6 pacientes afectados: entre $20 mil y $35 mil que la profesional abonó en seis cuotas.

Cumplido el plazo de suspensión del juicio a prueba, Desio, a través de su abogado, Jorge Legascue, pedirá el sobreseimiento ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata, publica Entre Ríos Ahora.

El caso

Todo ocurrió el jueves 7 de mayo de 2015. Ese día, un grupo de afiliados a la obra social Programa de Atención Médica Integral (PAMI) concurrió al Instituto Oftalmológico Castroviejo, en Urquiza al 600 de Paraná, para un acto médico que, en los papeles, no duraría mucho y no tendría mayores inconvenientes: una cirugía de cataratas.

Pero algo salió mal: al menos 11 pacientes, todos afiliados al PAMI, tuvieron una grave complicación luego de esa operación y les debieron extraer de urgencia las lentes que les habían implantado. A Desio se le atribuyó el delito de lesiones graves imprudentes.

La cirugía de catarata es necesaria cuando el cristalino no cumple bien su función, ya sea por envejecimiento natural del ojo o alguna enfermedad crónica, como la diabetes: es igual que en una cámara de fotos, si la lente está sucia o empañada, la fotografía saldrá borrosa o nublada. Igual, cuando el cristalino está opaco por la catarata, los rayos de luz no llegan perfectamente definidos a la retina, se dispersan: por lo tanto, las imágenes enviadas al cerebro se verán borrosas.

Entonces, ocurre la cirugía de catarata, con la implantación de un lente que devuelve su función al cristalino.

Pero en aquellas cirugías realizadas el jueves 7 en el Instituto Castroviejo, 11 pacientes resultaron con una complicación grave que comprometería su visión. Los primeros diagnósticos hechos en Santa Fe, adonde se están tratando luego de que el PAMI suspendiera al Instituto Castroviejo como prestador, hablan de un "pronóstico reservado".

El caso determinó la rápida intervención de la Justicia, a partir de la denuncia que presentó el titular de la Fiscalía de Investigación PAMI (UFI?PAMI), el abogado Pablo Piqué que viajó especialmente a Paraná.

Primero, procuró llevar el caso a la Justicia Federal, pero como no se trataba de un delito que afectara al patrimonio de la administración nacional, sino a los afiliados al PAMI, el caso derivó hacia la Justicia provincial. Piqué se entrevistó con la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, y se acordó poner al frente de la investigación a los fiscales Gervasio Labriola (hoy juez de juicio) e Ignacio Aramberry, quienes dispusieron un inmediato allanamiento en el Instituto Castroviejo.

Cuando el titular de ese organismo que depende de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, visitó Paraná alertado por las denuncias de los afiliados al PAMI, el primer lugar que pisó fue el Instituto Castroviejo, y lo hizo acompañado de la oftalmóloga María Fernanda Merlo, con quien recogió pruebas y testimonio que están siendo analizados como parte de la pesquisa interna.
Aunque desde el Instituto Castroviejo han desacreditado las críticas y han reprochado la investigación abierta por el PAMI. La titular de la clínica dijo entonces que lo que ocurrió aquel jueves 7 fue que "algunos de los pacientes intervenidos" tuvieron "una evolución diferente a la esperada", y que eso podría deberse a un "proceso infeccioso" y que tras detectarlo "se procedió a la inmediata aplicación del protocolo médico que amerita el caso".

Por fuera de esa explicación, Desio hizo saber que en su clínica "han actuado conforme a las reglas imperantes en la materia, no existiendo conducta negligente alguna de su parte, como mendazmente ha pretendido sostener la autoridad local del PAMI". Y achacó a la obra social la responsabilidad de una "campaña de difamación, con espurios fines e intencionalidad política".

La resolución del caso

El 5 de septiembre de 2017, Desio se acogió al instituto de la probation, o suspensión de juicio a prueba, en el marco de una causa iniciada por el PAMI a raíz de una mala praxis que derivó en la pérdida de la visión para ocho pacientes.

La oftalmóloga acordó el pago de 20.000 pesos en concepto de reparación a seis víctimas (otros dos acordaron por la vía civil) y cumplir tareas comunitarias durante dos años a beneficio de la fundación "Santa Rafaela María", hogar de niños ubicada en la ciudad bonaerense de Beccar.

El acuerdo alcanzado con el entonces fiscal Gervasio Labriola fue homologado en su momento por el juez Jorge Barbagelata, pero luego la Oficina de Medios Alternativos (OMA), manifestó inconvenientes para controlar que efectivamente la oftalmóloga estaba cumpliendo las tareas comunitarias, y pidió que las realice en una institución más cercana a la provincia.

La solicitud no fue bien recibida por el abogado de Desio, Jorge Legascue, quien reclamó al magistrado que se respete la sentencia del 5 de septiembre y, por lo tanto, que las tareas se lleven a cabo en la fundación "Santa Rafaela María".

Uno de los argumentos utilizados por el defensor fue que su clienta reside desde hace muchos años en Capital Federal, cerca de todo su núcleo familiar, y que está muy pocos días en Paraná. Al pasar, Lagascue resaltó que todos los hijos de la oftalmóloga viven en Capital Federal, incluso el rugbier paranaense e integrante de los Pumas, Javier Ortega Desio.

"Tiene un hijo oftalmólogo que hace las residencias en Buenos Aires, y tiene una hija en la universidad. Además, tiene un hijo deportista, Puma, que también vive en Buenos Aires", destacó el abogado defensor.

Por otro lado, el abogado se quejó de que la OMA haya manifestado dificultades para controlar, ya que no posee convenio con la fundación, ni personal y recursos para chequear lo acordado en la probation.

En su breve intervención, el fiscal Labriola no planteó objeciones en cuanto al cambio del lugar en donde la profesional deba cumplir las tareas no remuneradas, por la misma carga horaria y tiempo acordado.

El defensor de Desio insistió en su reclamo. "Acá tenemos una sentencia dictada por un juez competente, de manera que la OMA no tiene efectos jurisdiccionales, sino operativos. La OMA tendrá que buscar la manera para que se efectivice el control de las tareas. Ellos no pueden modificar un decisorio judicial firme. Es como que se genera desconfianza, como que la doctora se va a escapar o burlar las planillas", planteó el abogado.

El juez Barbagelata hizo lugar al pedido de la defensa y resolvió que sea el presidente de la Fundación "Santa Rafaela María", Jorge Alejandro Grondona, quien lleve a cabo el control de que la médica cumpla sus tareas comunitarias.

La fiscalización de Grondona consistirá en remitir mensualmente a la OMA las planillas en el que se dé cuenta de las horas cumplidas por la oftalmóloga.

"Sería un exceso librar un exhorto al juez con jurisdicción de la fundación para que reporte a un organismo que controle", dijo el magistrado al resolver el asunto.
Fuente: Entre Ríos Ahora

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