El conflicto afecta a alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L que conforman Buses Paraná. El motivo es porque se les adeuda parte del sueldo, una cifra no remunerativa de 13.500 pesos, también las diferencias del incremento del 20 por ciento correspondientes a junio, julio y aguinaldo, suma que estaba fijada hasta septiembre, donde se debería retomar la discusión salarial. Ante la situación inédita del transporte público de pasajeros, la Municipalidad de Paraná hizo saber oficialmente las medidas y gestiones que desde un primer momento realizó en función de preservar el derecho de los ciudadanos paranaenses ante la paralización de un servicio público esencial como lo son los colectivos urbanos.
De acuerdo al comunicado, emitido por la comuna, "desde el comienzo del conflicto han sido realizadas en función del interés público y la insoslayable defensa de los derechos de los ciudadanos paranaenses".
Y continúa: "Siempre el Municipio a través de las directivas y gestiones personales del intendente Sergio Varisco estuvo claramente cumpliendo con su obligación y en la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos".
La respuesta al conflicto
En tal sentido, desde el Ejecutivo municipal se informó que, "recientemente se dispuso enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita la toma de un crédito para afrontar subsidiariamente la deuda reclamada por los trabajadores de UTA y que pondría fin al conflicto".De acuerdo a lo que se argumenta en el escrito, "paralelamente a tal efecto, se desestimaría una ordenanza aprobada en el año 2017 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar un crédito de 600 millones de pesos para obras en la ciudad que nunca fue necesario utilizar ya que las obras encaradas fueron realizadas con recursos propios y genuinos".
En el acampe, los choferes expresaron su preocupación por la extensión del conflicto y lamentaron tener que dejar sin servicio a la población.
"Es dable poner de manifiesto que también se hicieron presentaciones y gestiones ante la Secretaría de Trabajo e igualmente se solicitó la intervención de la Justicia provincial", informaron.
Sin embargo el vocal González Elías que rechazó la judicialización del conflicto por el paro de colectivos urbanos, ante Elonce TV había manifestado: "Nuestra arenga es a que el municipio tome las medidas que tiene para dar soluciones", al dar cuenta que "tiene todo el poder y las facultades para no solo prevenir, sino también para adoptar las medidas que solucionen esta situación que está padeciendo la ciudad". "Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, la Municipalidad de Paraná prosigue a través de la Secretaría Legal y Técnica con el mecanismo de intimación por 15 días al concesionario para que dé cumplimiento a lo establecido en la norma contractual cuyo incumplimiento dará lugar a decretar la caducidad de dicha concesión", se informó desde la comuna.
"También, en orden de buscar alternativas conjuntas que favorezcan el restablecimiento del servicio lo antes posible, se ha solicitado una audiencia al señor Gobernador de la Provincia", cerró el comunicado del municipio.
