La iniciativa prevé, además, la reasignación de una partida presupuestaria que permitirá subsidiar, durante un plazo de 180 días, el precio del boleto que para el usuario quedará en $20, en vez de $22,80. Si el Concejo no logra dar tratamiento a la ordenanza, el Ejecutivo podría disponer la suba por decreto. La concejal Elsa Ermácora, del bloque Paraná de Pie y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, se mostró partidaria de que la suba de la tarifa se dé por ordenanza y no por decreto. La Comisión de Servicios Públicos del Concejo escuchó, durante miércoles y jueves, a representantes de los usuarios que dieron a conocer sus puntos de vista respecto de la suba del boleto, aunque se privó de la presencia de los especialistas en costos encargados de explicar el porqué de la suba.
Sólo aceptó la invitación la contadora Cristina Zalazar; el resto, no acudió a las reuniones. De igual modo, la concejal Ermácora sostuvo, en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, que la comisión de Servicios Públicos "tiene plazo hasta el 20 de marzo para expedirse, y sacar un dictamen entre los 7 concejales de la comisión. Pero yo creería que no más allá del viernes que viene tomaremos una decisión".
La comisión de Servicios Públicos está integrada por Elsa Ermácora y Santiago Gaitán, del bloque Paraná de Pie; María Marta Zuiani y Emanuel Gainza, del frente Cambiemos; Luis Díaz, del Frente Renovador; y Stefanía Cora y Cristina Sosa, del Frente para la Victoria (FPV).
Las empresas que controlan la concesión del servicio, Mariano Moreno y Ersa Urbano que, en conjunto, forman Buses Paraná, están presionando a su modo para que el Concejo apure los tiempos. En principio, hay atraso en el pago de los acuerdos paritarios, y según dijo la concejal Ermácora, hay anuncios de suspensiones de choferes.
Sobre ese punto, Juan Carlos Dittler, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dijo ante los concejales: "Nosotros venimos a salvaguardar la fuente de trabajo de quinientas familias que dependen de este servicio", y explicó que "lamentablemente el salario del trabajador tiene que ver con la tarifa, ya que es parte del presupuesto de las empresas".
Reafirmó que su gremio "viene a defender esa postura", aclarando que nunca han pedido que "el empresario se lleve más de la cuenta", y añadió: "Llegamos a esta situación por la tristísima situación económica que hoy vive el país, que constituye una economía de terror para el pueblo trabajador". La concejal María Marta Zuiani (Cambiemos) analizó que en las principales ciudades de la provincia la tarifa del transporte público de pasajeros ya se actualizó "porque los costos del sistema así lo exigen". Y valoró la participación de UTA en las dos reuniones de la comisión de Servicios Públicos, porque los choferes, dijo, "no están cobrando los acuerdos paritarios porque no hay actualización de tarifa. La tarifa está congelada desde septiembre, y el sector ya tuvo dos paritarias. Es importante escuchar a las personas que trabajan en el sector".
Zuiani que la situación creada tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte obligó a los gobiernos municipales a habilitar las subas de tarifas. "Cuando no hay subsidios, hay tarifas. No hay otro modo. Cuando los subsidios se retiran, hay que hacer algún acompañamiento con la tarifa. La provincia lo entendió así cuando, en diciembre pasado, fijó en $30 la tarifa mínima del transporte interurbano", aseguró.
La edil dijo que de no haber recomposición de la tarifa "el sistema va a colapsar", y evaluó que en abril podría aplicarse la nueva tarifa, una vez aprobada por el Concejo y resuelta las readecuaciones en el sistema SUBE.
