La Asamblea está compuesta por Colectiva Cannabicultora, Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos, Club Cannábico Cultivos en Red y activistas autoconvocados. Según se informó a través de un comunicado, la misma se conformó "como respuesta política a los allanamientos que sufrieron los miembros, especialmente tras el cambio de políticas y un nuevo intento de batalla contra el narcotráfico que pretenden llevar adelante los gobiernos Nacional y Provincial usando como herramientas las leyes 23.737 y la reciente Ley de Narcomenudeo 10.566, promulgada por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos".
"En Paraná, la persecución y criminalización de autocultivadores y usuarios de cannabis es una tendencia que aumentó con la implementación de la Ley de Narcomenudeo que persigue a consumidores de sustancias y criminaliza la pobreza al encarcelar a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico pero sin perseguir a los verdaderos narcos, que se vinculan con el poder político y policial. Quienes cultivan cannabis para uso personal en Argentina son perseguidos y castigados con penas de hasta 15 años, al igual que por el delito de violación", advirtieron a través de un documento.
A continuación, las exigencias de la Asamblea Permanente por el Autocultivo Libre:
-El cese de la persecución y criminalización a personas con padecimientos tratables con cannabis medicinal o recreativo, autocultivadores y activistas cannábicos.
-Que se respeten los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaran la inconstitucionalidad de la penalización del consumo de sustancias y del autoabastecimiento (autocultivo). Los dos fallos establecen jurisprudencia nacional y se basan en el respeto al Artículo 19 de la Constitución Nacional, que dispone: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
-Que se ejecuten políticas desde el paradigma de la Reducción de Daños y Riesgos, que comprenden que el consumo de sustancias de cualquier tipo ha acompañado al ser humano en todo su desarrollo y se debe reconocer que existen usuarios de sustancias cuyos derechos son violentados al ser tratados indiscriminadamente como consumidores problemáticos. Las políticas prohibicionistas y punitivistas que relacionan al usuario de sustancias con el consumo problemático o la delincuencia han fallado en todos sus intentos de reducir el consumo o la producción de sustancias denominadas ilegales.
- El inmediato cese de los allanamientos y detenciones a usuarios y autocultivadores de todo el país. Exigimos la libertad de todas las personas presas por cultivar, y la regulación de los usos de la planta en todas sus formas para garantizar un acceso seguro y confiable a la medicina.
- La implementación de acciones en materia de salud: resultan innegables las propiedades terapéuticas y medicinales del cannabis, por lo que es necesario que se informe acerca de estas opciones de tratamiento respetando el acceso a la salud de todos les ciudadanos.
- Garantía de nuestros derechos constitucionales como usuarios y autocultivadores (amparándonos en el Art. 19), respetando nuestra privacidad, y la libre elección de un estilo de vida que no pone en riesgo a terceros y de ningún modo afecta a la salud pública.
- El pleno cumplimiento de la Ley Nª 27.350 de Uso Medicinal del Cannabis, y la asignación de un presupuesto serio, acorde a los alcances y demandas de la ley y sus beneficiarios. Esto incluye investigaciones, estudios, ensayos, cultivos y todo lo que beneficie el acceso al cannabis medicinal.
- Regulación del Cáñamo: por el respeto de las normas internacionales establecidas por la O.N.U., a las que Argentina adhiere y el reconocimiento del cáñamo como cultivo agrícola de gran rendimiento.
- Reconocimiento de las investigaciones internacionales y nacionales sobre cannabis (CONICET, INTA, universidades), extendiendo los límites de la ley a la salud integral y de acceso gratuito.
Estas leyes están basadas en políticas prohibicionistas que fracasaron. "La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo", así inicia el primer informe de la Comisión Global de Política de Drogas, titulado «Guerra a las Drogas». Esta comisión está conformada por un panel de 24 líderes e intelectuales mundiales, incluyendo al ex-secretario general de la ONU. Esta comisión también indica que en América Latina ha aumentado la producción, el consumo, la violencia y el crimen organizado, todo bajo la órbita desregulada del narcotráfico.
Mientras las leyes criminalizan el cultivo y el consumo de cannabis, lo innegable es la creciente cantidad de personas que hacemos uso de la planta y de todos sus beneficios.
