José Rubén Gill y su familia fueron vistos por última vez en el velorio de un amigo suyo el 13 de enero de 2002, en Viale, a 30 kilómetros de La Candelaria, el campo en el que vivían y donde el hombre trabajaba como peón.
Catorce años después, persiste el misterio, nadie sabe nada de Mencho Gill, de 56 años en ese momento, su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26, ni de sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2.
La investigación no ha arrojado ninguna pista que permita desentrañar el misterio. No aparecen en registros oficiales ni migratorios, nunca tuvieron trabajos registrados ni los chicos nunca fueron inscriptos en ninguna escuela. Ninguno de ellos fue detenido. Jamás retomaron el contacto con sus familiares, ni Mencho con sus hermanos, ni Margarita con su madre. Desaparecieron sin dejar rastros.
"Quiero que el caso se esclarezca", es el ruego permanente de María Adelia Gallegos, la madre de Margarita. "La verdad que desaparecieron y ni el diablo sabe dónde están", ha dicho Luisa Eva Gill, una de las hermanas de Mencho.
El abogado Guillermo Vartorelli, que representaba a Otto Gill, otro hermano de Mencho fallecido en el año 2010, no duda en calificar a la desaparición de la familia como "el crimen más atroz de la Argentina en tiempos de democracia".
Lo cierto es que la investigación del caso tuvo mucho de inacción e impericia.
Desde hace seis meses el nuevo juez, Gustavo Acosta, y fiscal Federico Uriburu decidieron desempolvar el expediente y reorientar la pesquisa.
"Empezamos desde la foja cero a revisar todo lo que se ha hecho, citar nuevamente a testigos para ver si el paso del tiempo pudo haberle refrescado la memoria a algunos en aspectos que en su momento no les parecieron importantes y a revisar todas las pistas desde otra perspectiva; por ahora no descartamos nada", explicó el fiscal ante la consulta de El Diario.
El sospechoso
Los parientes de los Gill-Gallegos se enteraron de la desaparición recién después de tres meses. Fue el patrón, Alfonso Goette, quien les avisó. Se presentó el 3 de abril en la casa de Luisa, preguntando por Mencho y su familia; les dijo que habían salido de vacaciones y no regresaron y hasta sugirió que podrían estar en la casa de unos parientes en Santa Fe, o que tal vez habían viajado a buscar otro empleo en el norte.La familia siempre le apuntó al dueño del campo donde trabajaban. "Es sabido que los hizo desaparecer él", asegura Luisa ante quien quiera escucharla.
En la casa, un galpón dentro de la estancia, nada hacía presumir que se hubieran marchado: allí quedaron sus muebles, electrodomésticos, documentos, ropas. Margarita dejó sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba como cocinera. Tampoco los vieron irse ni se encontraron sus cuerpos.
Pero el juez de Instrucción de Nogoyá, Jorge Sebastián Gallino, se inclinó por esa hipótesis, la que apuntaba a que la familia se había ido de vacaciones, que tal vez habían conseguido otro trabajo y por eso no habían regresado. La familia nunca abonó esa línea de investigación, sobre todo porque no concebía que Mencho no se hubiera comunicado nunca más con ellos.
Comienzo de la investigación
Recién en julio de 2003, es decir, 18 meses después de la desaparición, el juez ordenó la primera inspección en la estancia La Candelaria. Sin resultados.En los años posteriores se hicieron relevamientos, rastrillajes, controles de fronteras, se tomaron testimonios, pero nada dio precisiones sobre el paradero de la familia. Se habló de que podrían estar en Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chaco, Brasil, Paraguay.
En 2008 hubo un nuevo allanamiento en el campo, esta vez con la intervención de peritos forenses y de criminalística, se utilizaron máquinas volcadoras, excavadoras, ecosondas, se excavaron 14 pozos, se levantaron los pisos de la casa de la familia y se utilizó luminol para determinar la presencia de sangre. Se recogieron muestras y se analizaron en un laboratorio de Buenos Aires. Los resultados determinaron que tres de ellas eran sangre humana, pero que no tenían el patrón genético de los Gill, aunque también les aclararon los peritos que podrían estar contaminadas por el paso del tiempo. Tampoco la ecosonda detectó rastros de tierra que hubiera sido removida en el campo. Así, la investigación volvió, otra vez, al principio.
Ese escenario, donde ha predominado la negligencia, es el que permite que a 14 años de la desaparición de seis integrantes de una familia, no haya un solo dato sobre su paradero. Y el paso del tiempo conduce a la peor de las hipótesis.
Un dron para la búsqueda
El fiscal Federico Uriburu llegó hace tres años a Nogoyá y desde 2014 está abocado al estudio del expediente, todavía caratulado como "Averiguación de paradero" y sin imputados ni responsables de la desaparición."No se descarta ninguna hipótesis, agotaremos todas las pistas e hipótesis que surjan", aseguró el fiscal, en diálogo con El Diario.
En los últimos dos años se ha vuelto a revisar el expediente y varios testigos que ya habían declarado tiempo atrás volvieron a ser citados. Uriburu explicó que "se ha intentado darle una nueva impronta a la investigación, con más protagonismo de la unidad fiscal, se está revisando todo para ver si surge algún dato que no se haya tenido en cuenta antes y se pidió colaboración a la Policía para que algunos efectivos trabajen en el expediente", remarcó.
En esa línea, la semana pasada, dos policías estuvieron en la localidad cordobesa de Porteña, en el límite norte con la provincia de Santa Fe. Se trata de un pueblo de cinco mil habitantes que forma parte de una de las cuencas lecheras más importantes del país y que depende principalmente de la actividad agrícola. Allí, según pudieron determinar los investigadores del caso, se ha conformado una especie de comunidad de peones rurales oriundos de Entre Ríos. Por eso, dos efectivos policiales estuvieron el martes y miércoles recorriendo distintos establecimientos exhibiendo fotos de la familia para ver si alguien los reconocía y podía aportar alguna pista. El resultado fue negativo.
Nueva tecnología
En agosto del año pasado un equipo científico de la Policía utilizó un dron que toma fotografías del suelo y permite detectar movimientos de tierra en la estancia La Candelaria y campos cercanos. Otra vez, el resultado fue negativo.Los investigadores apelan también a la búsqueda de empresas que puedan tener imágenes satelitales del año 2002 de la zona donde vivía la familia para compararla con imágenes actuales y ver si de allí surge algún dato de interés. "Pero hasta el momento no hemos conseguido quién tenga archivos de aquellos años", se lamentó el fiscal.
Otra herramienta tecnológica que se intentó fue una prueba de biometría, que es un método de reconocimiento facial mediante la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos para "verificar" una identidad. Pero no se pudo hacer porque las fotos de la familia Gill son de muy mala calidad y no permiten realizar una proyección digital de cómo se verían al día de hoy.
Además, para cada fin de semana largo, se envían pedidos de informes a autoridades nacionales, de migraciones y a escuelas de todo el país, "con la esperanza de que puedan estar con vida en algún lado", sentenció el fiscal Uriburu.
